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Lo que está ocurriendo en el PSOE con los dineros de las comisiones subterráneas que cobran los partidos de las grandes empresas se parece mucho a lo que pasó en la batalla entre Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, y Nacho González, que ocupaba el mismo cargo en el PP madrileño, cuando Mariano Rajoy entró en La Moncloa, que comenzaron a pelearse por los dineros que las constructoras principalmente dejaban en las arcas del PP nacional y que gestionaba el tesorero Luis Bárcenas. De aquella pelea saltó en 2013 el caso de la financiación irregular del partido entonces en el gobierno.
Las graves acusaciones de agresiones sexuales contra el cantante Julio Iglesias, que se remontan a 2021, cuando ya tenía 78 años, han causado un gran impacto mediático aunque su recorrido judicial vaya a ser mucho menos seguro. Un caso donde no se sabe donde empieza la lucha feminista ni donde se acaba mezclando con la política.
Pedro Sánchez y gran parte de los grupos situados a su izquierda han venido utilizando la fórmula de “que viene la extrema derecha” para tratar de convencer al electorado español de que se volcase en las urnas en apoyo del gobierno de coalición del PSOE con sus socios. Y resulta que, a pesar de todo el “lobo” ya está aquí y las encuestas dan a Vox un incremento muy notable hasta llegar casi a los 60 diputados a costa tanto del PSOE como del PP. Y lo más curioso y sonrojante es que ahora los líderes de estos partido de izquierda se culpan unos a otros de haber causado el auge de la extrema derecha.
Enfangado en las batallas internas de la política española el presidente del Partido Popular se está quedando fuera de los grandes movimientos globales que marcan el futuro inmediato de todos los países, sobre todo tras la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Alberto Núñez Feijóo tiene dos grandes rivales dentro de la derecha española: internamente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha aprovechado muy bien las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para acercarse a Buenos Aires y sentarse con Javier Milei, el político argentino que más cerca está de Donald Trump y que ha conseguido inversiones millonarias para su país gracias a su relación con el presidente norteamericano.
y Sánchez hace lo que mejor sabe: decir una cosa y hacer la contraria
El arte de decir una cosa y hacer la contraria o de lograr que lo que dices sirva para dos cosas muy distintas es una de las asignaturas obligadas para aprobar en el examen de la política. Ahí es donde el PSOE gana al resto de los partidos y donde Pedro Sánchez gana con comodidad tanto a Alberto Núñez Feijóo como a Yolanda Díaz. El resto de partidos y dirigentes bastante tienen con preocuparse de su inmediato y electoral futuro. El último de los grandes ejemplos, tras aquel memorable “OTAN, de entrada, no”, que lanzó Felipe González antes de las elecciones que le otorgaron la mayor mayoría absoluta de nuestra Democracia, acaba de hacerlo el equipo de Sánchez al defender la legalidad de la presidencia de Delcy Rodríguez en Venezuela - que es lo que ha impuesto Donald Trump para lograr sus objetivos petrolíferos sin que haya resistencia por parte del poder militar - mientras que desde el PP se obstinan en colocar a María Corina Machado y a Edmundo González como la única via democrática en aquel país.
Al presidente norteamericano le importa un comino si en Venezuela hay democracia o no, si permite el narcotráfico o no, lo que quiere es recuperar el petróleo venezolano que Hugo Chávez arrebató a las multinacionales norteamericanas para nacionalizar el “oro líquido”. Ha usado a María Corina pero prefiere actuar sobre seguro y le ha dicho a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta, que la respetará siempre que “haga lo que le mande”.
La citación para el 8 de Enero al encarcelado José Luís Ábalos para que explique todo lo que sabe sobre Pedro Sánchez confirma, de nuevo, que el Partido Popular ha convertido al Senado, en el que tienen mayoría absoluta de escaños, en un auténtico “Tribunal Político” desde el que mantiener todo el tiempo que haga falta su ataque al Gobierno, sobre todo en esta primera mitad de 2026 en la que a los sumarios y decisiones judiciales sobre lo que consideran corrupción de dirigentes socialistas se va a mezclar con la celebración de varios juicios derivados de los sumarios Gurtel, Púnica como más relevantes de los que afectan a ex dirigentes populares.
Uno de los problemas con los que se encuentra Sánchez si en algún momento decide tirar la toalla es el de su sucesor/a al frente del PSOE para dirigir la difícil misión de presentar un candidato que no deje al PSOE en 90 diputados como le ocurrió a Rubalcaba cuando Zapatero le dejó abandonado para irse tranquilamente a casa sin haber perdido ningunas elecciones. Tiene que ser una mujer, o un hombre, que cuente con el respeto de las grandes agrupaciones y que no le venda al mejor postor en cuanto salga de La Moncloa.
Este año 2025 que se marcha envuelto en más escándalos de con los que entró, el más duro posiblemente en toda la moderna historia del PSOE, va a encontrar consuelo en el inminente 2026, que llega dispuesto a batir todos los récords en cuanto a enfrentamientos entre los partidos políticos, tanto dentro como fuera de los mismos, con varias elecciones autonómicas decisivas que van a incrementar la ya habitual lluvia de insultos y descalificaciones entre los dirigentes y con una sociedad a la que cada vez le molestan más las peleas de sus dirigentes y se desintegra por capas sociales y generacionales sin que los responsables de las descalificaciones sepan como fabricar el futuro.
El presidente del PP lleva mucho tiempo, demasiado, esperando que algunos de los socios de investidura de Sánchez se decida a a votar “si” en una hipotética moción de censura, pero no parece que eso le lleve a ninguna parte. También parece que puede esperar sentado a que el presidente del gobierno convoque elecciones anticipadas. Pero si el PP se decide a presentar una moción de censura, aunque no la gane, pondría en jaque a varios de los socios de investidura de Pedro Sánchez, que tendrían que justificar su apoyo al líder socialista a pesar de la evidencia de los casos de corrupción.
Cambio de estilo y de escenario por parte de Felipe VI para su mensaje de Navidad a los españoles. Adiós al palacio familiar de La Zarzuela y apuesta por el Palacio Real, la historia de la Monarquía y de los grandes acontecimientos. Sin mesa por delante, ni fotografías familiares. De pie, en mitad del gran salón, con un pequeño Belen y una gran abeto iluminado. Todo lo que dijo mientras cambiaban los planos de la retransmisión estuvieron besados en la realidad política que vivimos y en los peligros que encierran los discursos de sus protagonistas.
Vox ha ganado casi 40.000 votos, pasando del 8.12 % al 16.9 % y seis escaños más, lo que le da pie a Santiago Abascal a subir la apuesta que le hará a Feijóo, obligando a María Guardiola a aceptar las mismas o parecidas condiciones que ya puso a Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana tras las elecciones de mayo de 2023. El punto clave estará en darle a Vox la presidencia del Parlamento extremeño y los conocidos recortes en Memoria Histórica e inmigración.
La jugada que deseaba hacer María Guardiola convocando elecciones anticipadas para lograr desembarazarse de Vox, como hizo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, no le ha salido como Feijóo deseaba y aunque se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta sus negociaciones con el líder extremeño del partido de Abascal, Óscar Fernández Calle, van a ser mucho más difíciles que antes.
Perder más de cien mil votos y diez escaños es motivo más que suficiente para que el candidato del PSOE al Gobierno de Extremadura dimita de forma inmediata, algo que Miguel Angel Gallardo no parece muy dispuesto a hacer. Su derrota estaba escrita al igual que estaba escrito que era un mal líder para ir a las urnas. Lo sabía él, lo sabía Pedro Sánchez y lo sabía todo el espectro político. El secreto de su permanencia estaba en el juzgado de Badajoz que lleva el caso del hermano del presidente. Ser aforado y mantenerse durante año y medio más era primordial, una condición innegociable para el inquilino de La Moncloa.
Cuando Pedro Sánchez comenzó a tener problemas con el Poder Judicial, uno de los abogados, que no es afiliado al PSOE, al que de vez en cuando se le pedía su opinión desde La Moncloa aconsejó que lo mejor que podía hacer el gobierno era llegar a un acuerdo con los jueces para lograr a un pacto que hubiera renovado el Consejo General del Poder Judicial a tiempo –estuvo más de cinco años prorrogado con el mandato caducado- y así hubiera suavizado unas malas relaciones que han marcado las dos legislaturas y que, sin duda, han tenido efectos en los procesamientos de personas cercanas al presidente.
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