NACIONAL

Por fín, con cinco años y medio de retraso llega el único acuerdo o pacto de Estado entre el PSOE y el PP, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano del gobierno de los jueces y que encierra gran parte de los problemas que se han sucedido a lo largo de ese periodo entre la Judicaturaby el Gobierno de Pedro Sánchez. Habrá en unos días nuevo CGPJ, con nuevo presidente y nueva presidencia también en el Tribunal Supremo. El acuerdo político no elimina, ni disminuye la guerra total entre Pedro Sánchez y su equipo y Alberto Núñez Feijóo y el suyo.

El juez Peinado es tan resistente como el presidente Sánchez. Cada uno tiene su propio Manual de supervivencia Y sus propios métodos para llevarlo adelante. Hasta ahora el magistrado va ganando por más vueltas y declaraciones que efectuen los ministros y dirigentes del PSOE, que no son todos y cada vez aparecen menos. Ese es otro de los problemas que tiene que resolver el líder de los socialistas y que le colocan en una situación de desvebtaja respecto al juez, que camina en solitario.

El presidente del Partido Popular y lider de la oposición, vencedor en las urnas en laas últimas elecciones generales y con un muy notable poder en las Autonomias y grandes Ayuntamientos, está obligado a presentar una moción de censura contra el presidente del,Gobierno. Si Alberto Núñez Feijóo no lo hiciera perdería una ocasión de oro para retratar a Pedro Sánchez. Puede que la pierda por las unión de todos los grupos que respaldaron la investidura del líder del PSOE pero ganará credibilidad en la sociedad española.

Sin las redes sociales y su expansión incontrolada e incontrolable sería inútil intentar explicar la existencia de Alvise Pérez y su éxito en las pasadas elecciones europeas. Tres diputados para una formación que tomó el nombre de una frase que bien podía ser el estribillo de un perreo musical, pero no. La fiesta no se ha terminado, apenas está en sus inicios.

Al líder de Vox puede que no le entiendan muchos de los suyos, sobre todo los que han probado el dulce placer de los sillones del poder. Cuesta trabajo abandonar una consejería autonómica, el coche oficial, la secretaria, el manejo de cientos o miles de millones. Cuesta trabajo regresar al duro oficio de la oposición total. Y todo por un futuro imprevisible que es el que lleva a Santiago Abascal a alejarse de los pactos de gobierno con el PP y afrontar la las diferentes Legislaturas convertido en el referente de la oposición a la oposición. Un Llanero Solitario que espera su premio dentro de tres años.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, nos ha dejado a todos, al juez el primero, con un palmo en las narices. Iba a someterse a las preguntas del magistrado y ha optado por negarse a declarar. Podía hacerlo y con el consejo de su abogado, Antonio Camacho, lo ha hecho. Dentro de la Ley, por supuesto.

Asistimos de nuevo a un proceso de desgaste institucional y de enfrentamiento entre el mundo judicial y el mundo político que parece no tener fin. Echar la vista atrás, a lo que sucedía en el inicio del año 2013, con un Partido Popular de Mariano Rajoy poderoso y un Partido Socialista de muy debilitado. Sin la presencia de las formaciones que surgirían después como Podemos y Vox. Sin los “chantajes” hacia el poder central por parte de las minorías catalanas y vascas, el Poder Judicial en su conjunto, al margen de simpatías o antipatías ideológicas, reclamaba a los políticos más medios humanos y legales para hacer frente a la corrupción.

Eran inevitables. Las rupturas políticas dentro de la izquierda global y de la derecha global, esas que abarcan desde el PSOE al anarquismo verde y desde el PP a la defensa radical de la identidad cristiana de Europa, estaban en el calendario electoral. Surgieron de los pactos “familiares” para conseguir y repartirse el poder, tanto del Estado como de las Autonomías y Ayuntamientos, y llevaban en su interior la lucha por la supervivencia.

Habrá investidura de Salvador Illa en un mes o se repetirán elecciones en Cataluña. A ninguno de los partidos les interesa. Ni a los nacionalistas, ni a los españolistas, ni a los grandes, ni a los pequeños, digan lo que digan sus dirigentes. El candidato del PSOE y exministro es la menos mala de las soluciones al eterno enredo catalán. Un problema que apenas es un pequeño obstáculo en un mundo que este mes de julio - y hasta noviembre - va a vivir cambios al frente de los gobiernos de Gran Bretaña y de Francia; que va a ver cómo los 32 países que integran la OTAN se reúnen en Washington para aprobar más envíos de armas a Ucrania y Gaza; y que terminarán en noviembre con la elecciones norteamericanas.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Constitucional primero fueron fiscales y luego jueces. Manuel Marchena es diez años más joven que Cándido Conde-Pumpido pero tendrá que dejar su puesto en el próximo septiembre mientras que su “adversario” tiene otros dos años por delante al frente del máximo órgano judicial encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Uno y otro se han ganado su fama jurídica por méritos propios y su fama social por el empeño de los dos grandes partidos, que intentan utilizarlos en la lucha política interpretando cada una de sus decisiones de la forma que mejor encaja a sus intereses electorales.

Dentro de una semana toda Europa sabrá si el presidente de Francia tendrá como primer ministro a un joven de 28 años, ganador por mayoría absoluta de las elecciones legislativas tras la segunda vuelta como representante del antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen; o a un maduro representante del Nuevo Frente Popular a través de una suma de escaños que les permita dejar con la “miel en los labios” a los que consideran la ultraderecha más populista de toda Europa. Emmanuel Macron no quiere a ninguno de los dos pero prefiere un pacto con Jean-Luc Melenchón, profesor y periodista que conoce las “obligaciones mutuas” de los pactos en el poder, antes que a Jordan Bardella, al que considera alumno aventajado y sin estudios de la hija de Jean-Marie Le Pen. Nada será igual en Francia y en Europa. Tampoco en España.

Primero fue el presidente del Senado, después la presidenta del Congreso. Ambos obedecían las órdenes de sus dos jefes, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Uno y otra se declararon la guerra institucional desde el primer momento. Si Pedro Rollán cambió el Reglamento del Senado para acosar al Gobierno y retrasar todo lo posible las iniciativas legislativas que salieran del Consejo de Ministros, desde la amnistía a los Presupuestos Generales del Estado; la presidenta del Congreso ha aprovechado la puerta de atrás de la Ley de Paridad para tener manos libres en el aumento del gasto público. De trampa legal a trampa legal y que decidan los tribunales, que ese va a ser, de nuevo el camino.

Si a primeros de abril El Rey y su primer ministro acordaron y pactaron la gira que Felipe VI realizaría a Lituania, Letonia y Estonia para visitar a las tropas españolas que están estacionadas en las tres Repúblicas dentro del despliegue militar de la OTAN, y dos meses más tarde la gira se convierte en visita oficial pero sin la presencia obligada del ministro de Asuntos Exteriores o la ministra de Defensa, la única explicación posible es que desde el palacio de La Zarzuela se ha lanzado un órdago al palacio de La Moncloa.