NACIONAL

El 31 de octubre de 2007 el magistrado Javier Gómez Bermudez leía la sentencia del juicio por los atentados contra los trenes de cercanías que tenían que llegar a la estación de Atocha a primera hora del 11 de marzo de 2004. En la sentencia se atribuía el asesinato de 192 personas, con 1865 heridos a una “célula de tipo yihadista” y se descartaba cualquier intervención de ETA. Ese día de octubre había un presidente socialista al frente del Gobierno y el candidato del PP, que ya había perdido las elecciones generales de 2004, Mariano Rajoy, estaba a unos pocos años de volver a perder su segundo intento. Hoy, 20 años más tarde, la verdad policial y judicial sigue siendo criticada y puesta en duda.

En menos de un año como máximo tendremos elecciones autonómicas en Cataluña, con Aragonés por ERC e Illa por el PSC peleando por la presidencia, al margen del resto de los partidos y los necesarios pactos que lleven a sumar mayorías absolutas. Cita con las urnas que se sumará a las de Euskadi y Europa, con el llamado “problema catalán” como eje de todos loos programas y manifiestos electorales. Tendremos toda la guerra sucia entre los partidos como ya se ve con el estallido de la compra de mascarillas en 2020, que se extenderá, tal y como ha acordado el Congreso, a investigar a 17 gobiernos autonómicos y a alguno de los Ayuntamientos importantes del país. Al final siempre aparece Cataluña.

La primera de las grandes batallas que sostienen los dos grandes partidos, sólo o en compañía, la ha ganado Sánchez con el primer paso legal de la Ley de amnistía. Quedan muchas más hasta el hipotético julio de 2027 en el que se terminará la Legislatura. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sin balas, sin tanques, sin destrucción de ciudades, están representando el conflicto de Ucrania en versión española. Ninguno de los dos busca la Paz o, al menos, una tregua de Estado ante los problemas que debe afrontar este país en competencia con el resto de Europa. No quieren prisioneros, sólo víctimas.

Estaban preparados para la gran guerra desde hace meses. Esa destrucción que hace imposible la Democracia. Las elecciones andaluzas, primero, y las autonómicas, municipales y generales, más tarde, se convirtieron en la señal de salida.

Si trasladamos la prueba de resistencia más dura del mundo a la política española nos vamos a encontrar con un único participante en la salida, con una única meta: conseguir en los próximos tres años sobrevivir como presidente del Gobierno y como Secretario General del PSOE.

Sin salida, el diputado Ábalos, el exministro Ábalos, el compañero en las horas difíciles del presidente del Gobierno tras su primera caída como líder del PSOE, no tiene más remedio que decir adiós a la política y renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados.

La ambición de Yolanda Díaz le hizo querer ir más deprisa y más en solitario de lo que la coalición que era Sumar requería. La vicepresidenta segunda y heredera de Pablo Iglesias, ofreció una plataforma electoral a todos los grupos y formaciones que existen a la izquierda del PSOE. Se trataba de llevar a cabo una CEDA de la izquierda, una Confederación. Española de las Izquierdas Autónomas, a imitación de lo que lograra José María Gil Robles durante la II República para la conquista del poder desde la derecha. El fracaso en Galicia ha terminado con la ambición y con el liderazgo.

Miedos fuera para el Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo y para Alfonso Rueda en Galicia. Quinta mayoría absoluta con más votos que en 2020 y casi los mismos escaños. Aún falta por contabilizar el voto exterior, que también ha aumentado de forma muy notable y le puede dar al PP otro escaño más. La dividida izquierda sigue de derrota en derrota y se ha vuelto más nacionalista y menos socialista. Han perdido José Ramón Gómez Besteiro y Marta Lois, pero quienes han perdido de verdad son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, y con ellos el actual Gobierno.

Es muy difícil que el Partido Popular pierda las elecciones del próximo domingo en Galicia pero es posible que pierda el Gobierno de la Xunta. Lo que ya es seguro es que los socialistas gallegos seguirán como tercera fuerza y que no tendrían más opción que apoyar al Bloque Nacionalista Galego si se diera la circunstancia de que entre las dos formaciones llegaran a sumar 38 escaños en el Parlamento. Galicia se ha convertido en la tercera base sobre la ya se asienta la España Federal.

La presidenta de la Comunidad madrileña es de nuevo la baza electoral que va a utilizar el Partido Popular para ganar unas elecciones, las gallegas, ante el avance de la izquierda, por un lado, y la posibilidad de que por la derecha, Vox consiga un escaño que podría convertirse en decisivo para llegar a la mayoría absoluta y que Alfonso Rueda siga gobernando la Xunta desde el palacete de Santiago de Compostela.

Los dos problemas van más juntos de lo que a todos nos gustaría. Se mueven desde un mismo eje, las mafias, que controlan el envío de drogas a España y por el mismo camino a miles de emigrantes ilegales que colapsan los servicios sociales y se convierten e un elemento decisivo para que los poderes públicos, ya sean del Estado, autonómicos y municipales, ya sean españoles o europeos, tengan que dedicar una gran parte de los recursos públicos a proteger a esas miles de personas que huyen de sus países de origen en busca de lo que para ellos es el Paraíso que existe al otro lado del mediterráneo.

Hoy, sábado 10 de febrero de 2024 los agricultores, ganaderos y transportistas convocados desde las redes sociales por dos valencianos y un gallego intentarán someter a la sede central del PSOE a un cerco basado en tractores y camiones de todo tipo. El movimiento copiado de Francia y otros países europeos lo inició desde Tik Tok, Whatsapp y Telegram la sanitaria e hija de agricultores, Lola Guzman, militante de Vox hasta hace un año y presente en casi todas las manifestaciones que se sucedieron frente a la sede socialista de la calle Ferraz. Junto a ella, su abogado y asesor Xaime da Pena Gutiérrez, con despacho en A Coruña, heredado de su padre, especialista en Derecho mercantil y la persona que pagó con 40.000 euros la enorme lona en defensa de la empresa Desokupa en el centro de Madrid.

La presidenta de la Comunidad y el líder del PSOE han iniciado un camino común en busca del centro perdido desde dos extremos distintos, pero con el mismo objetivo: conseguir que Madrid regrese al bipartidismo y dejar fuera de los pactos futuros a Más Madrid y a Vox. Isabel Díaz Ayuso y Juan Lobato quieren elevar el poder del gobierno regional, rebajar el número de diputados y cambiar el nombre de Asamblea por Parlamento. A todo ello se oponen Mónica Garcia y Rocio Monasterio. Prefieren dejar las cosas como están.