Rafael Gömez Parra

La política española ha entrado en una encrucijada muy embarullada donde todo puede ocurrir: a la creciente subida electoral de Vox en todos los frentes, se une el calvario judicial por el que va a pasar Pedro Sánchez, el hostigamiento de Trump a Europa, a los que se unen ahora sucesos imprevistos como la enfermedad del presidente de la Generalitat o el grave accidente de tren en Córdoba que, sin lugar a dudas, va a afectar al ministro de Transportes, látigo de la oposición, al que se le venía criticando mucho por las deficiencias en las líneas ferroviarias.

Todo parece indicar que la vida política de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz tiene los días contados y que no podrá llegar a las próximas elecciones ya que carece de un partido que le apoye y que algunos de sus aliados actuales, Izquierda Unida, Más Madrid, Catalunya En Comú o el Compromís valenciano, se lo estén pensando si merece la pena ir en compañía de Sumar, que no pudo formar candidatura en Extremadura por la oposición de Podemos.

Lo que está ocurriendo en el PSOE con los dineros de las comisiones subterráneas que cobran los partidos de las grandes empresas se parece mucho a lo que pasó en la batalla entre Dolores de Cospedal, secretaria general del partido, y Nacho González, que ocupaba el mismo cargo en el PP madrileño, cuando Mariano Rajoy entró en La Moncloa, que comenzaron a pelearse por los dineros que las constructoras principalmente dejaban en las arcas del PP nacional y que gestionaba el tesorero Luis Bárcenas. De aquella pelea saltó en 2013 el caso de la financiación irregular del partido entonces en el gobierno.

Las graves acusaciones de agresiones sexuales contra el cantante Julio Iglesias, que se remontan a 2021, cuando ya tenía 78 años, han causado un gran impacto mediático aunque su recorrido judicial vaya a ser mucho menos seguro. Un caso donde no se sabe donde empieza la lucha feminista ni donde se acaba mezclando con la política.

Pedro Sánchez y gran parte de los grupos situados a su izquierda han venido utilizando la fórmula de “que viene la extrema derecha” para tratar de convencer al electorado español de que se volcase en las urnas en apoyo del gobierno de coalición del PSOE con sus socios. Y resulta que, a pesar de todo el “lobo” ya está aquí y las encuestas dan a Vox un incremento muy notable hasta llegar casi a los 60 diputados a costa tanto del PSOE como del PP. Y lo más curioso y sonrojante es que ahora los líderes de estos partido de izquierda se culpan unos a otros de haber causado el auge de la extrema derecha.

Al presidente norteamericano le importa un comino si en Venezuela hay democracia o no, si permite el narcotráfico o no, lo que quiere es recuperar el petróleo venezolano que Hugo Chávez arrebató a las multinacionales norteamericanas para nacionalizar el “oro líquido”. Ha usado a María Corina pero prefiere actuar sobre seguro y le ha dicho a Delcy Rodríguez, la nueva presidenta, que la respetará siempre que “haga lo que le mande”.

Uno de los problemas con los que se encuentra Sánchez si en algún momento decide tirar la toalla es el de su sucesor/a al frente del PSOE para dirigir la difícil misión de presentar un candidato que no deje al PSOE en 90 diputados como le ocurrió a Rubalcaba cuando Zapatero le dejó abandonado para irse tranquilamente a casa sin haber perdido ningunas elecciones. Tiene que ser una mujer, o un hombre, que cuente con el respeto de las grandes agrupaciones y que no le venda al mejor postor en cuanto salga de La Moncloa.

El presidente del PP lleva mucho tiempo, demasiado, esperando que algunos de los socios de investidura de Sánchez se decida a a votar “si” en una hipotética moción de censura, pero no parece que eso le lleve a ninguna parte. También parece que puede esperar sentado a que el presidente del gobierno convoque elecciones anticipadas. Pero si el PP se decide a presentar una moción de censura, aunque no la gane, pondría en jaque a varios de los socios de investidura de Pedro Sánchez, que tendrían que justificar su apoyo al líder socialista a pesar de la evidencia de los casos de corrupción.

Cuando Pedro Sánchez comenzó a tener problemas con el Poder Judicial, uno de los abogados, que no es afiliado al PSOE, al que de vez en cuando se le pedía su opinión desde La Moncloa aconsejó que lo mejor que podía hacer el gobierno era llegar a un acuerdo con los jueces para lograr a un pacto que hubiera renovado el Consejo General del Poder Judicial a tiempo –estuvo más de cinco años prorrogado con el mandato caducado- y así hubiera suavizado unas malas relaciones que han marcado las dos legislaturas y que, sin duda, han tenido efectos en los procesamientos de personas cercanas al presidente.

A los socios de Pedro Sánchez cada vez se les hace más difícil encontrar excusas para seguir apoyándole a pesar de los continuos escándalos de corrupción y de machismo que se le amontonan al líder socialista. Tanto, Podemos, como Sumar, HB o el propio PNV ya no saben qué hacer o decir. Ahora Yolanda pide una renovación radical del gobierno que nadie entiende pero que le sirve para alargar su apoyo al PSOE.

La lucha feminista logró poner los derechos de la mujer en un primer plano político que la izquierda parlamentaria, especialmente en el gobierno de Zapatero, con la legalización del matrimonio gay, despenalización del aborto y la penalización de la violencia machista, y con el de Sánchez-Pablo Iglesias, con el “solo el si es si”, alzó como su mejor bandera frente a la derecha conservadora, sin pensar de que el boomerang feminista podría convertirse en un arma mortal contra esa misma izquierda.