Afirmaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños, uno de los principales baluartes de Sánchez, que se empeñó en mantener en su puesto a García Ortiz y que puso la mano en el fuego por Santos Cerdán, que las críticas de gobierno hacia la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general, no debe traducirse en "desconfianza en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias".
La realidad es la contraria, la guerra de trincheras entre el PP y el PSOE lo que está provocando es que cada vez haya más ciudadanos que recelen de todas las instituciones y que no crean ya en nada, lo que aumenta el peligro de un incremento de la ultraderecha que ambos partidos están alentando aunque digan que luchan contra ello, especialmente la socialdemocracia.
La respuesta de la izquierda parlamentaria a la sentencia del Tribunal Supremo, conocida justo en el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, ha sido un cerrar filas del gobierno y de sus socios de investidura que ven cada vez más inminente un adelanto de las elecciones generales, bien porque Sánchez ya no aguante más y se vaya, o porque decida tirar para adelante, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora.
Un adelanto electoral que Sumar, Más Madrid e incluso Podemos, hoy fuera del gobierno, temen no solamente porque puede traernos un gobierno PP-Vox, sino porque puede ser un desastre electoral que les convierta en extra parlamentarios con todo lo que eso conlleva: pérdida de ministerios y escaños, además de enviar al paro a decenas de personas que entraron en la política por la puerta grande y que se han convertido en políticos profesionales gracias a Sánchez.
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