Lo mismo que ocurrió en Castilla la Mancha en 2014 durante el Gobierno de Dolores Cospedal y la reducción del número de parlamentarios en las Cortes castellano-manchegas, de 49 asientos a 33, con la oposición de la izquierda regional pero que no ha cambiado el actual presidente socialista, Emiliano García Page, está sucediendo en Madrid. La defensa del número se explica por el deseo de mantener parte del poder, no por el servicio a los ciudadanos. Es más, con la proporción que existe en el Congreso respecto a la población española, la Asamblea tendría que quedarse en 60 escaños.
La unión política de hecho entre el Partido Popular y Vox en este tema adelanta lo que será ese acuerdo en el futuro tras las elecciones de mayo de 2023. Si Ayuso no consigue la mayoría absoluta tendrá el apoyo de Monasterio y es más que dudoso que la suma de las tres izquierdas pueda romper ese dominio existente en estos momentos. Sería deseable que Ciudadanos no desapareciera pero dejar en soledad a Begoña Villacís, como así ocurre e el Ayuntamiento de la capital hace presagiar otro hundimiento del partido que dirige Inés Arrimadas. La condena del centro liberal será un hecho electoral.
El cansancio de la sociedad hacia la clase política es más que patente. El distanciamiento progresivo de las cúpulas de los partidos de la realidad ciudadana va en aumento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya ha demostrado, con asesores y sin ellos, que tiene olfato y decisión para acercarse a la realidad de cada día y sintonizar con los deseos básicos de los habitantes de la Región, no tiene enfrente, hoy por hoy, a ningún rival con mínimos garantias para vencerla, algo que es malo en el fondo, pues limita la posibilidad de la alternancia pero que se lo están ganando a pulso sus adversarios, sobre todo en el ámbito del PSOE donde su secretario general no cuenta con apoyos reales dentro del partido y que ve como tanto Isaura López como Mercedes González e incluso Emma López pueden ser las elegidos por Pedro Sánchez para encabezar la futura lista electoral.
Faltan apenas trece meses para que de nuevo las urnas madrileños den su veredicto sobre la valoración que tienen de sus representantes. Lo real es que la permanente campaña electoral a la que han obligado a Isabel Díaz Ayuso, desde las polémicas sobre la actuación en la pandemia, como en su enfrentamiento directo con el presidente del Gobierno, ha perjudicado y perjudica a sus representantes, que se ven disminuidos mediáticamente y que no logran enlazar con los deseos básicos y diarios de los ciudadanos. Apelar de forma reiterada a la ultraderecha como factor negativo para gobernar es un error, por más que muchas de las propuesta de Vox y sus dirigentes nos parezcan un retroceso democrático.
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