Cansado el Gobierno de la Nación de ser el enemigo común en el que coincidían todas las derechas y una buena parte de la izquierda más radical ha decidido que tenía derecho a fabricar su propio enemigo común, y lo ha encontrado: Madrid. En el territorio de la Comunidad y de la capital se concentran todos los males económicos que padece España y es necesario que sus habitantes paguen por ello.
Sin esa primera conclusión es difícil imaginar que, de nuevo y en menos de 24 horas, lo que le parece bien a un ministro le parezca un disparate a otro; y que lo que propone un presidente autonómico y destacado miembro del partido en el Gobierno le resulte imposible de cumplir, ni ahora ni nunca, por parte del único que puede imponer ese castigo, que no es otro que el mismo Gobierno del mismo partido.
El enemigo común permite alianzas insospechadas pero muy sospechosas. Por ejemplo, el socialista Ximo Puig, que gobierna la Comunidad Valenciana y es o era firme defensor de la unidad nacional o firmó hace pocas semanas un acuerdo de colaboración institucional con el Gobierno de Pere Aragonés, que es de ERC y desea la independencia de Cataluña, que recuerda a los que tenemos memoria a la vieja y aburrida nostalgia de los “Países Catalanes” que no era sino otra forma de colocar a la castellana Madrid como centro de todos los males desde mucho antes de que el primer Borbón en la historia de nuestro país decidiera acabar con los privilegios de una parte de España frente a la otra.
Ese mismo presidente autonómico lanzó la idea de “compensar” las ventajas de Madrid, por el efecto económico que produce la capital en empresas e instituciones financiera, con un nuevo impuesto que les grabara, sin pensar mucho en que esa mayor actividad y recaudación fiscal tiene su lado oscuro: todo en Madrid, desde la vivienda a la cesta de la compra es mucho más caro que en el resto del Estado. Y que desde la Comunidad de Madrid se contribuye al Fondo Territorial más que desde ningún otro territorio.
En 24 horas un experto como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ex presidente de la AiReF, economista de estudios y muy dado a “pelearse” con varios de sus compañeros del Consejo, José Luís Escrivá, no dudó en apoyar la iniciativa asegurando que “tenía recorrido”.
En menos de otras 24 horas la titular de Hacienda, que también es ministra y socialista, le vino a decir a los dos lo mismo que repitió el por entonces Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Sabino Fernández Campo, en la noche/ madruga del 3F cuando le preguntaban por el general Armada y si ya estaba en el palacio de La Zarzuela: “la no está, ni se le espera”.
Es verdad que no sería la primera, ni posiblemente será la última, que las diferencias de criterio en el Gobierno y entre los dirigentes socialistas se manifiestan y dirimen en los medios de comunicación. Del blanco ase pasa al negro y del rojo al azul o del amarillo mal verde en menos que canta un gallo.
Llevamos así dos años y nada ha cambiado pese al cambio de ministros. Por eso y pensando desde Maquiavelo que la política es el arte del engaño es fácil encontrar el punto en común de todas las declaraciones habidas y por haber sobre la cuestión de Madrid, sobre todo desde que Isabel Díaz Ayuso se convirtió en el ariete más eficaz del PP contra el Gobierno de Sánchez: la capital del Reino y la Comunidad que la rodea es el enemigo común del resto de España.
A la ministra Montero, que no era una buena portavoz del Gobierno, pero que tiene todas las tablas que requiere haber sido persona de confianza de Susana Díaz en el Gobierno andaluz y serlo ahora de Pedro Sánchez en el Gobierno de España, le tocó salir con el capote en medio de la plaza a darle una verónica al descontrolado astado que le habían colocado en el centro del ruedo hispano.
La propuesta de Puig y el apoyo de Escrivá conducían a una derrota del socialismo en la Comunidad de Madrid mucho más dura de la que había recibido en el pasado mes de mayo. Y para bien, para mal o para regular los ecos de lo que ocurre en la capital se escuchan dentro y fuera de España, con la Europa que vigila desde Bruselas deseosa de pegarle unos buenos tajos a los 140.000 millones de euros que tanto necesitamos.
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