El dilema de los políticos: El Estado o la banca

Cada día que pasa con la crisis a cuesta, tanto a Mariano Rajoy como a Alfredo Pérez Rubalcaba se les plantea el dilema de elegir entre seguir atados a las decisiones de la gran banca: eliminar los servicios públicos para destinar el dinero al pago de la deuda; o apostar por liberarse de las garras de esa deuda que en un 70% es privada (entidades financieras, grandes empresas y familias con hipotecas) y que en tan solo una tercera parte proviene de los gastos sociales.

Todos los intentos, tanto por parte del PSOE primero como del PP ahora para buscar esa línea intermedia que hiciera posible conciliar ambas cuestiones han ido cayendo por tierra en el mismo momento en que los sucesivos ejecutivos las ponían encima de la mesa. Muchos economistas ya advirtieron que las medidas del Gobierno español eran, en realidad, “sacrificios inútiles” que estaban pidiendo a los ciudadanos una vez visto y comprobada la magnitud de la deuda que habían acumulado las promotoras inmobiliarias comprando suelo rústico a precios de oro, que ahora ya no valen para nada y los enormes empréstitos en los que se habían metido las multinacionales españolas para sufragar sus aventuras internacionales.

En ambos casos se trata de dinero que simplemente ha ido a parar a manos privadas: dueños de grandes fincas donde se iban a construir miles de viviendas; miembros de los consejos de administración de los grandes trust industriales, grandes medios de comunicación, etc, que se han embolsado al año muchos millones de euros; incluso políticos que cuando llegaron al gobierno no tenían más que la herencia de sus padres y que ahora tienen patrimonios que suman cientos de miles de euros.

Valgan tres ejemplos de todo ello: la familia Rato gestionó y vendió entre 1990 y el año 2000, gran parte de las tierras que pertenecían al marqués de Perales del Río en Getafe, donde se iban a hacer más de 20.000 viviendas, campo de golf, etc.

Los vendedores cobraron el metro cuadrado a mas de 1.000 euros el metro cuadrado, que los promotores inmobiliarios pagaron con préstamos bancarios. Hoy ni siquiera han conseguido que el suelo sea urbanizable y no pueden pagar a los bancos que acabarán quebrando por este y otros préstamos parecidos, pasando la deuda al Estado y a todos los ciudadanos.

Ejemplo dos, Luis del Rivero, presidente de Sacyr, con el apoyo del ministro Miguel Sebastián, se hizo con el 20% de Repsol con un préstamos de más de 5.000 millones de la banca. Cuando no pudo pagar los intereses intentó venderlo pero no le dejaron, con lo que el crédito sigue vivo y generando intereses cada vez más altos. Los miembros de los consejos de Repsol y Sacyr se llevaron a sus casas los salarios y comisiones más altas, supongamos un 10% de la operación, es decir 500 millones.

Lo mismo ocurrió en los casos de la puesta en marcha de La Cuatro, por parte de Juan Luis Cebrián, que ahora quiere echar a más de 4200 periodistas, después de haber realizado despidos de otros 2.000 empleados, o de la Sexta, por parte de Jaume Roures, que se dedicó a comprar a diestro y siniestro los derechos de la Fórmula 1 o de los clubs de fútbol. Por cierto gran parte del dinero gastado se ha quedado también en los bolsillos de las grandes estrellas del fútbol, del tenis o de los coches: Zidane, Figo, Ronaldhino, Cristiano Ronaldo, Messi, Fernando Alonso, y varias decenas de multimillonarios más que además han estado pagando los impuestos más bajos del mundo por deferencia de los sucesivos gobiernos españoles

Los dos grandes partidos políticos y sus máximos dirigentes también han formado parte de la élite que no solo han vivido a cuerpo de rey, sino que en algunos casos se han hecho millonarios, como el ex presidente balear, Jaume Matas, o como ex presidente del Congreso, José Bono, al que los tribunales han venido salvando de las investigaciones solicitadas, pero tampoco José María Aznar se queda corto en su patrimonio actual, aunque sus casos no hayan llegado a tener la categoría que alcanzaron algunos miembros de la “jet society” en los últimos años de Felipe González, que también ha hecho sus “ahorros” millonarios.

Lo que reclaman los ciudadanos –y que parece haber tenido un cierto eco en la magistratura española con el caso Bankia- es que se investigue a dónde ha ido a parar el dinero de las deudas contraídas tanto por las Administraciones Públicas –que es más fácil, como se está demostrando en el caso Urdangarín tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana- como por la gran banca y las multinacionales., que siempre se escudan en que son sociedades privadas y exentas de control público, excepto cuando tienen pérdidas y entonvces las pasan al Estado.

El objetivo de la ultraderecha: las Autonomías y los sindicatos.

La ultraderecha populista, que forma parte del PP, está tratando de llevar el agua a su molino alentando y exagerando en algunas ocasiones el desprestigio de la política y de los políticos en general. Su principales objetivos, en un primer paso, son las Autonomías y los sindicatos. A las primeras les achacan el exceso de gasto innecesario, la duplicidad de funciones con el Estado y hasta la aparición de una casta política autonómica que vive para su propio engorde. A los segundos solo les falta acusarles de haber provocado los casi seis millones de parados.

Ambas acusaciones han logrado un gran eco en la población en general y son muy frecuentes los correos que aparecen en la red de Internet pidiendo la eliminación de unas y otras. Incluso en el interior del PP, con más fuerza por la postura a favor de Esperanza Aguirre, y en el PSOE, como se vio en el debate sobre la reforma del Estatut catalán, aunque por ahora con menos eco.