También pide para el delantero brasileño una multa de 10 millones de euros por la comisión de un delito de corrupción entre particulares en relación con las irregularidades en su fichaje por parte del FC Barcelona. Par el entonces presidente del club solicita cinco años de prisión
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros para el delantero brasileño Neymar Da Silva por la comisión de un delito de corrupción entre particulares en relación con las irregularidades en su fichaje por parte del FC Barcelona. El Ministerio Público también reclama que quede inhabilitado para el ejercicio de industria y comercio durante un plazo de tres años.
Además de al jugador, la Fiscalía acusa a otras cuatro personas --los padres de Neymar y los que fueran presidentes del Barça y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodriguez-- al Santos, club de origen del jugador, al Barça y a la empresa familiar del delantero, N&N Consultoria Esportiva y Empresarial de participar en las irregularidades para fijar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros.
En concreto, reclama la pena más alta, de cinco años de cárcel, para Rosell, al que acusa de estafa y de corrupción. Solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves, mientras que el primer directivo del Santos, su presidente Odilio Rodriguez, se enfrenta a una petición de tres años.
En cuando a los clubs, a los que atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones a la que debe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica. El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4.
El Ministerio Público no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación de Bartomeu en las irregularidades, por lo que deja fuera de la acusación al actual presidente azulgrana.
La causa se abrió por la querella presentada por la empresa de representación de futbolistas DIS-Esportes e Organizaçao de Eventos, que poseía el 40 por ciento de los derechos federativos del jugador, y que, según la Fiscalía, dejó de cobrar 3,2 millones de euros que le hubieran correspondido.
EN CONTRA DE LA LIBRE COMPETENCIA
Según el escrito provisional del fiscal José Perals, las negociaciones para la contratación, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicaron al fondo DIS, que se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia "y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso".
El fiscal cifra el dinero 'real' abonado por el fichaje en 83 millones de euros y precisó en su escrito que, como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, la empresa DIS dejó de percibir 10 millones de euros, por lo que debe ser indemnizada con 3,2 millones.
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