Sánchez no pudo seguir el camino de hacer las paces con los jueces porque pensó que le era más rentable políticamente pactar con Podemos, aunque meses antes de hacerlo había declarado que no podría dormir tranquilo teniendo a Pablo iglesias en el gobierno, y, lo que definitivamente forjó su ruptura con el Tribunal Supremo, con los independentistas catalanes, para lo que fue necesario decretar una amnistía que supuso una bofetada contra el tribunal que los había condenado.
La Justicia española quedó definitivamente malparada cuando el gobierno maniobró incluso contra la orden internacional de detención de Carles Puigdemont, emitida por el juez Pablo Llarena, provocando que tanto el gobierno belga, como el alemán, se negaran a entregarlo a la Justicia española, lo que dejó a esta en muy mal lugar mientras el ex president de la Generalitat se paseaba por toda Europa como un “preso político”.
Desde entonces todos los intentos del gobierno por llegar a acuerdos con el Poder Judicial han ido de mal en peor, incluyendo el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como presidente del Constitucional, que lo primero que hizo fue anular las condenas a los expresidentes socialistas andaluces Chaves y Griñán por el ‘caso ERE’.
Hasta llegar al caso del fiscal general, Alvaro García Ortiz, condenado por haber entrado en el juego político contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el punto de que la sentencia ha sido considerada por los partidarios de Sánchez como un “golpe de estado”.
Los argumentos del PSOE y de sus socios de investidura de que existe una intolerable persecución judicial contra Sánchez y su gobierno, ha perdido fuerza después de la aparición de los casos de corrupción de las dos personas más cercanas al presidente, José Luis Abalos y Santos Cerdán, que han ostentado el cargo de secretarios de organización de manera sucesiva, y el de ministro de Transportes el primero.
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