La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de 19 registros en Bucarest, Rumanía, como parte de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de proyectos informáticos financiados por la Unión Europea. Este caso involucra un total de 7 millones de euros destinados a 29 proyectos bajo el marco del Fondo de Recuperación y Resiliencia y el Programa Operativo de Capacidad Administrativa.
Claves de la noticia
Monto involucrado
Se investiga un posible fraude que afecta a 7 millones de euros destinados a proyectos europeos.
Manipulación de procedimientos
Se sospecha que una red criminal manipuló los procesos de contratación pública para beneficiar a proveedores específicos.
Colaboración internacional
La investigación cuenta con el apoyo de diversas agencias rumanas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Los proyectos investigados abarcan servicios de consultoría informática, software e infraestructura tecnológica. La EPPO ha encontrado indicios sólidos que sugieren que un grupo criminal orquestó la manipulación de los procedimientos públicos para favorecer a ciertos proveedores preseleccionados, principalmente aquellos que ofrecen soluciones de infraestructura en la nube para autoridades locales como ayuntamientos y consejos regionales.
Las evidencias recopiladas apuntan a que varias empresas consultoras presentaron documentación con similitudes significativas en contenido y estructura, lo que sugiere un uso sistemático de materiales. Además, se sospecha que algunos proveedores habrían entregado documentos falsos o incompletos durante las licitaciones.
Colaboración en la investigación
La operación fue realizada con la colaboración del soporte operativo del EPPO en Rumanía, así como diversas unidades especializadas de la Policía Rumana. Esto incluye la Dirección de Operaciones Especiales y los Servicios de Investigación Criminal Económica en varias regiones del país. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también proporcionó análisis operativos para respaldar esta investigación.
Todas las personas implicadas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes. La EPPO es una entidad independiente encargada de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.