El tribunal regional de Przemysl (Polonia) ha dado luz verde a la petición fiscal para prorrogar el periodo de prisión preventiva tres meses más, de manera que permanecerá detenido al menos hasta finales de agosto, seis meses desde que fuera arrestado el pasado 28 de febrero. La prisión provisional, no obstante, se podría prorrogar otros dos periodos de tres meses, llegando al año en prisión antes de ser juzgado.
Todos los esfuerzos de su familia, que vive en el País Vasco, y de sus compaöeros de profesión para que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, intercediera por él ante las autoridades polacas han sido en vano, sin que nadie explique quë razones hay para “secuestrar” a un informador en el cumplimiento de sus tareas.
La primera detención de Pablo se llevó a cabo sin permitirle contar con un abogado, se estableció su incomunicación absoluta y su familia desconocía cómo se encontraba. En estos momentos Pablo cuenta con un abogado de oficio, pero su familia no ha podido tener contacto con él desde que fue detenido.
Las cartas que envían a Pablo no llegan. Únicamente han podido enviarle mensajes en dos casiones a través del Cónsul español en Varsovia.
Pablo González fue detenido el pasado 28 de febrero en la ciudad polaca de Rzeswów, muy cerca de la frontera con Ucrania., desde donde trabajaba para enviar informaciones para medios como Público, La Sexta o Gara.
Pablo se enfrenta a un juicio en el que la acusación contra él por delito de espionaje puede conllevar hasta 10 años de prisión. Hasta el momento no ha trascendido laexistencia de ninguna prueba que justifique esta acusación contra el periodista.
Su nombre aparecía en una lista donde se señalaba a periodistas y comunicadores que habrían cubierto la actualidad en la región del Dombáss a raíz del golpe de Estado del Euromaidán. Se le consideraba “pro ruso” por haber informado de los hechos sobre el terreno.
Un grupo de periodistas, junto a otras asocoaciones civiles, están firmando un manifiesto en el que exigen la inmediata liberación de Pablo, su regreso a España y que prime el principio de presunción de inocencia fundamental en una Democracia.
Los firmantes alertan del riesgo que sufre la libertad de expresión en estos momentos. Así como
de la dificultad de periodistas, especialmente los independientes, para poder garantizar una información libre.
El caso de Pablo Gonzáles es un caso más de los innumerables ataques a los periodistas en todo el mundo, recordando, entre elos, los asesinatos que sufren cada día en países como México o recientemente en Palestina, que ponene de manifiesto el peligro para los profesionales que deberían trabajar en condiciones de seguridad.
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