La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) ha presentado en las Cortes 285.000 firmas exigiendo una auditoria pública de las cuentas de la Seguridad Social, petición a la que hasta ahora el gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo oídos sordos.
La Coordinadora de pensionistas quiere conocer el importe de las cotizaciones desviadas para fines ajenos y sentar las bases de su restitución a su caja única, ya que sospecha que las cuentas de la Seguridad Social, sistemáticamente, han sido manipuladas mediante el desvío de cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos.
El pasado 16 de octubre cerca de 30.000 personas se congregaron en Madrid para seguir defendiendo un sistema público de pensiones con la exigencia de una auditoría. En esta protesta también se reclamó subir las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, eliminar la brecha de género y derogar las reformas laborales y de pensiones por su afección directa al sistema público de pensiones
Además, se exigió que la edad de jubilación vuelva a ser a los 65 años y que no se castigue la pensión anticipada. Y, por supuesto, se realizó una defensa férrea ante cualquier intento de privatización de las pensiones con fondos privados., “algo tan intensamente propuesto por el ministro Escrivá”, resaltan los pensionistas.
La exigencia de la auditoría ha sido apoyada por más de un centenar de ayuntamientos de toda España, por centenares de personas del mundo de la cultura, asociaciones vecinales, y de miles de trabajadores y trabajadoras, a través de sus representantes sindicales y algunas estructuras de los sindicatos de todo el Estado.
La petición de la auditoría cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Mes Compromís, la CUP y el BNG., que consideran, según la Coordinadora, que la claridad de las cuentas públicas es un derecho democrático irrenunciable.
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