Diecisiete empresas de Consultoría y trece directivos han sido multados por formar cárteles para estafar a las Administraciones Públicas poniéndose de acuerdo en las licitaciones públicas y así elevar artificialmente el precio de los servicios.
Fue la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) quien dio la voz de alarma e informó a la CNMC de las sospechas de que las grandes consultoras habían formado un cártel (organización criminal) para estafar a las administraciones públicas.
Tras investigar unos 200 contratos, la CNMC ha impuesto multas por un total de 5,87 millones de euros a 17empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales firmas que operan en España, por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.
La nota oficial de la CNMC menciona 22 empresas pero la realidad es que solo aparecen 17 y otra más, PA Consulting Services Limited, que solo figura como sancionado un directivo pero no la sociedad en si.
Además, la Comisión también ha sancionado a trece directivos de esas consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados directamente en los cárteles y ha propuesto que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas (AAPP).
Los investigadores de la CNMC no han podido llegar más que a directivos medios de las grandes Consultorías aunque puede suponerse que no actuaban por su cuenta sino por órdenes superiores. Además, sin que se aclare mucho el por qué, alguna empresa como Indra y algún directivo han recibido reducciones en sus multas por “haber pedido clemencia”.
En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.
Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros por: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.
“Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoria solicitados por distintas Administraciones Públicas”, explica la CNMC actualmente dirigida por Cani Fernández, una abogada del bufete de Cuatrecasas que fichó Iván Redondo para el gabinete de Pedro Sánchez antes de nombrarla presidenta de la entidad.
Según ha podido probar la CNMC, los directivos “entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas; bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”.
De esta forma, indica la CNMC, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles. La consecuencia fue una estafa continuada al erario público.
Las Consultoras multadas son:
Deloitte Consulting, S.L.U.: 3.990.000 euros
PriceWaterHouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.: 670.000 euros.
Idom consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 640.000 euros.
Bmasi Strategy, S.L.: 153.529 euros.
97S&F, S.L.: 131.593 euros.
KPMG Asesores, S.L.: 50.000 euros.
Red2Red Consultores, S.L.: 55.000 euros.
Regio Plus Consulting, S.L.: 33.744 euros.
Altia Consultores S.A.: 30.000 euros.
Indra Business Consulting, S.L.U.: 27.000 euros. (reducción de multa)
Factor Ideas Integral Services, S.L.: 20.000 euros.
Gaps Politica i Societat, S.L.: 15.000 euros.
Competitividad, Desarrollo e Innovación, S.L.U.: 14.823 euros.
Abay Analistas Económicos, S.L.: 12.499 euros
Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo, S.L.: 11.979 euros.
Uliker-3, S.L.: 11.040 euros.
Gestiona XXI Consulting, S.L.U.: 3.218 euros.
En el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos, se ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia, en virtud del articulo 66 de la LDC.
Los directivos sancionados son:
Ana Andueza Amann, apoderada de Deloitte Consulting, S.L.U.: 55.000 euros.
Leandro Ardanza Marqués, apoderado de 97S&F, S.L: 55.000 euros.
Sabin Azua Mendia, administrador único de Bmasi Strategy, S.L.: 35.000 euros.
Joseba Egia Ribero, administrador y socio único de Innovisions 21, S.L.U. y “Project Manager & Responsable Técnico” de 97S&F, S.L: 35.000 euros.
Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PriceWaterHouseCoopers Asesores De Negocios, S.L.: 30.000 euros.
Xabier Manterola, director de PA Consulting Services Limited Sucursal en España: 30.000 euros. (reducción de multa a 18.000 euros).
Rocío Cortés Fuentes, administradora solidaria de Regio Plus Consulting, S.L.: 55.000 euros.
Jaume Garau Taberner, administrador solidario de Regio Plus Consulting, S.L. y de Consultores de Políticas Comunitarias, S.L.: 35.000 euros.
María Isabel Martínez, administradora única de Abay Analistas Económicos S.L.: 30.000 euros.
Marta Zamacona, coordinadora de proyectos europeos de 97S&F, S.L: 28.000 euros.
Iñigo San Emeterio Mendibelzua, director corporativo y responsable del área de consultoría de Idom Consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 24.000 euros.
Pablo Conejo Torres, director de fondos europeos de Red2Red Consultores, S.L.: 15.000 euros.
Marta Álvarez Ochoa, responsable del departamento de consultoría y del área de competitividad e innovación de Idom Consulting, Engineering Architecture, S.A.U.: 12.000 euros.
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