Cuando Mariano Rajoy formó su Gobierno, varios altos cargos del Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre dejaron sus cargos y se marcharon a la Administración central. Entre ellos, Antonio Beteta, que dejó vacante la Consejería de Transportes para ser secretario de Estado de Administraciones Públicas. También se fue Engracia Hidalgo, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales y que fue premiada, al ser destituida, con un puesto en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Ahora es secretaria de Estado de Empleo. El nuevo comisario general de Información, Enrique Barón, también era un alto cargo de Aguirre, quien después de un mes desde que se fueron los que prefieren los aires nuevos de Rajoy, no ha sabido, podido o querido nombrar nuevo responsable de Transportes, departamento que sigue funcionando con absoluta normalidad, como aclaró el vicepresidente, Ignacio González, al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno, por este asunto. Dejó bien claro que la decisión corresponde a Esperanza Aguirre y añadió que no se ha nombrado todavía al que ocupará el lugar de Beteta en el Gobierno regional porque todavía se espera alguna que otra salida de cargos de la Administración autonómica al Gobierno estatal del PP. Mientras Aguirre se queda sin Beteta, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se enfrenta al portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Jaime Lissaveztky, en el “congresillo” que el PSM celebró en Alcalá de Henares para debatir y enmendar la ponencia marco del Congreso que el PSOE celebrará en Sevilla el primer fin de semana de febrero. Los delegados que acudieron a Alcalá dieron su visto bueno a las primarias para decidir en urna qué candidatos presentará el partido en cada momento y a cada institución de gobierno, permitiendo la participación de los no militantes en casos de cargos no orgánicos. También aprobaron apartar del partido a los dirigentes condenados judicialmente. Si sale adelante, en Sevilla, esta propuesta, la secretaría de Organización de Tomás Gómez tendrá que irse. Al final, 35 de la lista de Lissaveztky y 44 de la de Gómez irán al Congreso del PSOE. Los delegados del portavoz municipal son partidarios de que Alfredo Pérez Rubalcaba sea el próximo secretario general del PSOE, y los de Gómez, van dispuestos a hablar, escuchar, intentar convencer y, también, a dejarse convencer, aunque la mayoría se ha pronunciado a favor de la candidatura de Carme Chacón. Tomás Gómez sabe que el voto es secreto y que eso de ir en una lista u otra es insignificante y sólo sirve para computar datos y lanzarlos como arma de agitación y propaganda. También sabe que el PSM está agitado y que su puesto al frente del socialismo madrileño corre peligro, y no sólo por lo que suceda en Sevilla. Mientras el Gobierno sigue sin cubrir sus vacantes y el principal partido de la oposición trata de aclararse, para que los ciudadanos sepan qué quieren los socialistas, el Parlamento regional sigue en periodo inhábil, hasta febrero no se iniciarán las actividades, y los recortados de la sanidad pública sacan a la calle sus protestas, como hicieron meses atrás los enseñantes.
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