Son frecuentes las críticas a la Unión Europea por su producción de estrategias que no sólo no se cumplen (como ocurrió con la de Lisboa) sino que, además, en ocasiones, son poco conocidas incluso por quienes tienen algún grado de responsabilidad por llevarlas a cabo. Nada digamos del público en general, que en su mayoría desconoce la propia existencia de esas estrategias. No comparto esas críticas. Aparte de que el conocimiento de las políticas europeas, como las nacionales, requiere también de un esfuerzo y un interés individual, la fijación de metas cuantificadas y con plazos de cumplimiento tiene el mérito de concretar la magnitud de la tarea, que debe empezar por recordar cuál es el punto de partida.
Los cinco grandes objetivos establecidos para evaluar los logros de la Unión en el horizonte 2020 sólo pueden cumplirse si en todos los Estados miembros (y en algunos, como es el caso de España, con mucha mayor razón) se los pone en el primer punto de la agenda social y económica. Ello, en nuestro caso, permite apreciar la magnitud de la tarea que tenemos por delante.
En la crucial materia del empleo, la Agenda 2020 señala que el 75 % de la población entre 20 y 64 años deberá estar empleada. En momentos en que la crisis ha golpeado a la economía española con singular dureza, el paro se acerca peligrosamente a los cinco millones y nuestra tasa de ocupación (el 60 %) está muy lejos de ese porcentaje, sobre todo en el caso de las mujeres ocupadas, que no llegan a la mitad del total de las que demandan empleos. El cambio de modelo productivo hacia una economía de mayor valor añadido y con capacidad de innovación es lo que necesitamos urgentemente y no perder el tiempo con reformas laborales que no conducen a ninguna parte.
En 2020, el 3 % del PIB europeo deberá destinarse a I+ D. Consecuencia y causa de una estructura económica demasiado centrada en productos de bajo valor añadido, la inversión en esos conceptos, el 1,35 % del PIB en 2010, explica con elocuencia el porqué de nuestras tribulaciones actuales cuando las economías europeas con fuerte base industrial y tecnológica resisten mucho mejor los embates de la crisis. El flagrante incumplimiento del sector privado con las propuestas de Lisboa tiene mucho que ver con la situación actual. Los empresarios y sus asociaciones que no ahorran críticas a las autoridades eluden los comentarios sobre su propia responsabilidad en la raquítica inversión en innovación y tecnología de las empresas españolas, que obtuvieron grandes beneficios en las épocas de bonanza.
Más objetivos 2020 para Europa
Otro de los objetivos 2020 se refiere un problema muy serio entre nosotros: la tasa de abandono escolar deberá reducirse a un porcentaje inferior al 10 % mientras nuestro porcentaje de deserción triplica esa cifra (además, al menos un 40 % de las nuevas generaciones deberán obtener un diploma de educación superior). Parece evidente la incidencia del fracaso escolar con el hecho de que la mitad de los jóvenes con escasa cualificación estén en paro.
Tenemos que reducir sustancialmente la pobreza para cumplir el cuarto de los objetivos 2020: que para ese año haya en la Unión veinte millones de pobres menos. Las políticas sociales, el desarrollo y aplicación en todos sus términos de la Ley de Dependencia, las pensiones, la protección por desempleo son imprescindibles para que el número de personas y de familias pobres disminuya drásticamente.
Por último, están los objetivos “20/20/20” en materia de clima y energía, que constituyen en sí mismos toda una definición del rumbo de la economía. El gobierno de la nación ha elaborado ya planes de ahorro en el consumo de vehículos y de edificios, lo cual ayudará a su vez a reducir las emisiones de CO2 en un 20 % en la fecha prevista. Estamos relativamente bien en el campo de las energías renovables (el objetivo del gobierno prevé llegar al 22 %), donde las empresas españoles ocupan posiciones de liderazgo mundial, sobre todo en energía eólica y solar. Pero el recuerdo de la enorme factura que debemos pagar anualmente por la importación de gas y de petróleo -estimada en 50 mil millones de euros- es un contundente argumento para justificar el gran esfuerzo que debemos realizar para lograr un país más eficiente desde el punto de vista energético.
En definitiva, los objetivos 2020 de la UE son complejos en su formulación detallada y requieren de un titánico esfuerzo que compromete al conjunto de la sociedad española, a sus instituciones y a los interlocutores sociales, cada uno dentro de su nivel de responsabilidad. La tarea es tanto más difícil cuando nos encontramos inmersos en la peor crisis que hemos debido afrontar en décadas. Pero, a la vez, las metas a conseguir hacia el final de esta década tienen el mérito de la concreción -nada hay de retórica en la Estrategia 2020 y sí muchas cifras y fechas- que es, precisamente, lo que necesitamos.
Se ha señalado muchas veces el profundo europeísmo de la sociedad española y la voluntad de acercarnos en lo posible a los niveles de los más avanzados Estados miembros de la Unión ha impulsado las grandes transformaciones que la economía y la sociedad de España han experimentado en las últimas tres décadas. Ahora, la vocación europeísta se demuestra cumpliendo la Agenda 2020. Con la misma determinación demostrada en el pasado debemos afrontar ahora el enorme reto de lograr ambiciosos objetivos en medio de una crisis profunda. No es exagerado decir que, precisamente, para salir de esa crisis es vital centrar todo el esfuerzo del que seamos capaces en adecuar nuestras políticas nacionales al cumplimiento de la Agenda 2020 de la Unión Europea.
(*) Cándido Méndez es secretario general de UGT
Si (
No(