No sabemos si Pedro Sánchez conocía o no los negocios de sus dos hombres de confianza, Santos Cerdán y José Luis Abalos, pero por si acaso está claro que se le puede acusar de no haber vigilado nada de lo que hacían y que muy probablemente le habrían llegado sino pruebas si rumores de lo que se cocía “a sus espaldas”.
Dirigentes socialistas han aprovechado unos audios publicados del presidente de Ribera Salud, que gestiona el hospital público de Torrejón de Ardoz, para acusar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de cometer un presunto delito de “in vigilando, e incluso la ministra de Sanidad, Mónica García, ha llamado a este presunto delito como “corrupción administrativa” y ha prometido sacar una ley para regular la actividad privada en los hospitales públicos. Lo más seguro es que se limite a hacer unas propuestas morales que le valdrán para salir del paso porque la Constitución europea avala la entrega de servicios públicos a entidades privadas que actúan claro está con “afán de lucro” aunque so le parezca indecente a la ministra García.
Si se exigiera ese ”in vigilando” a todos los cargos públicos, el gobierno central y todos los autonómicos, quedarían muy mermados y sometidos a cambios continuos de ministros y consejeros regionales. No se sabe, por ejemplo, a quien se le echará la culpa de no haber actuado “in vigilando” en el brote de peste porcina de Cataluña, pero está claro que alguien habrá sido el que ha preferido irse a comer, como Carlos Mazón con la Dana valenciana, antes que quedarse a vigilar que todo funcione bien.
O el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Angel Gallardo, que no se enteró de nada de lo que hacia el hermano de Sánchez en su demarcación política y al que el presidente del gobierno no se atrevido a quitar de las listas electorales socialistas del 21 de diciembre, día electoral en Extremadura, seguramente para que no se una al concierto antisanchista de los Abalos y Koldos
Si (
No(