Todos los días, la oposición del PP y de Vox pide que se celebren elecciones generales y todos los días desde el Gobierno les responden lo mismo: las habrá a mediados de 2027. Todas las semanas, las encuestas que publican los medios de comunicación - salvo la del CIS de Felix Tezanos - dicen lo mismo: la victoria del PP de Núñez Feijóo está asegurada y la única duda es si necesitará o no los votos de Vox en el Congreso para tener la mayoría absoluta en la investidura. Al partido de Abascal le dan una clara subida en votos, mientras que a la múltiple izquierda la conviertan en la gran perdedora, precisamente por su división.
Todas las semanas las mentiras electorales logran que los ciudadanos se harten y se alejen más de esas preocupaciones de los partidos políticos. Quien oir qué va a pasar con su trabajo ante el progreso imparable de la Inteligencia Artificial en todos los sectores; quieren saber qué va a pasar con nsus pensiones ante los datos de la ruina que tiene la Seguridad Social; quieren saber que va a pasar con el campo y la pescadores ante la cada vez mayor penetración de productos de otros paqíses en el mercado; quien saber qué tipo de educación van a recibir sus hijos para que puedan competir y tener un futuro; quieren saber cuándo podrán comorarse una vivienda o poder pagar un alquiler cuando sus salarios apenas les da a los más jóvenes para vivir.
La clase política, que demuestra su existencia todos los días, de la misma forma que demuestra su alejamiento de la realidad que viven los ciudadanos, vive para los medios de comunicación y última mente para las redes sociales. Les interesa el titular repetido de cada día, el sondeo electoral de cada semana, las réplicas y los comentarios que inundan las web con nombres y seudónimos que nadie conoce. Es el gran festín de los boots lo que les hace concebir esperanzas o desilusiones, con sus millones de mensajes troceados y enviados para aplastar cualquier intento de reflexión y pensamiento.
En este muy especial ámbito político que se ha creado, la sentencia que dicte el tribunal del Supremo sobre el Fiscal General del Estado va a cambiar la agenda electoral de todas las formaciones políticas. A partir de ella se establecerán las estrategias de cada partido. Aumentará la lluvia de ataques sobre el Gobierno o se pasará a la ofensiva por parte de éste. García Ortiz, quiera o no, se ha convertido en el punto central de la guerra política, por encima de lo que pase en el futuro con los procesos abiertos contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, y contra los de Koldo Aguirre, José Luís Abalos, Santos Cerdán - que todo indica que seguirá en prisión hasta que se agite el plazo máximo que permite la Ley - y ese hombre para todo que es Victor de Aldama, el empresario que administra su memoria sobre sus relaciones con los dirigentes socialistas que están investigados para llenar las portadas y las noticias de los medios de comunicación. Con cada nueva revelación de un presunto delito, se autoinculpa cada vez más pero no parece preocuparle mucho.
El inédito y preocupante juicio sobre el Fiscal General obligará a cambiar algunos artículos de nuestro ordenamiento jurídico e incluso constitucional.Si ya es escandaloso el enfrentamiento contínuo entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y los que se producen dentro del Consejo General del Poder Judicial tras la aparente paz que se produjo tras años de interinidad de sus componentes, el ver sentado a García Ortiz en el banquillo de los acusados significa un antes y un después para la vida política de este país. A los cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, que ponían fin a una Dictadura de otros 36 y ocho de una República que apenas logró tener gobiernos estables por pocos meses, y con dos intentos de golpe de estado por medio, los políticos no parecen que hayan aprendido mucho d ela historia, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por los que defienden el separatismo de sus territorios.
Habrá elecciones en Extremadura, en la vieja Castilla y en Andalucía; puede que se convoquen en Murcia, en Cantabria, en Aragón, en Baleares e incluso de Madrid. Todas ellas gobernador por el PP y en la mayoría con la ayuda de Vox. Esos dos partidos, por motivos distintos, intentan que no se celebren en la Comunidad valenciana para evitar la posible victoria de la izquierda. Una estrategia por parte de Feijóo de ir ganando batallas, con el menor desgaste posibles de su figura, hasta llegar a las generales, siempre que sea Pero Sánchez quien las convoque, bien por termino de la Legislatura o por ver que le resulta imposible mantener el Gobierno sin Presupuestos por cuarta vez.
Ese entramado de intereses, alejado de la realidad cotidiana de los ciudadanos, se verá afectado por lo que dicte el tribunal de la Sala Segunda del Supremo, que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, previsiblemente en el mes de enero, tras el cierre de las declaraciones del acusado y del resto de acusaciones y testigos. Coincidirá en el tiempo con la formación de un nuevo Gobierno en Extremadura y en plena campaña electoral en Castilla y León; con el avance de los sumarios en el que están implicados los antiguos cargos del PSOE y la mujer de Pedro Sánchez; con el añadido del juicio a su hermano y al líder socialista de Extremadura a primeros de febrero, que ya habrá perdido o ganado las elecciones y seguirá de aforado con lo que el juicio puede trasladarse al Tribunal Superior junto a todas las actuaciones que se hayan realizado en la Audiencia Provincial y en el Juzgado de Instruacción número 3 de Badajoz por parte de su titular, Beatriz Biedma. Otra vía de escape que, con seguridad, se contempla en el PSOE y en Moncloa para dilatar el final del proceso.
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