Durante la sesión ordinaria –sigue Resumen Latinoamericano- , el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, subrayó la necesidad de adaptar el marco legal a las realidades económicas actuales. Rodríguez destacó que el nuevo plan legislativo priorizará leyes que protejan el ingreso de los ciudadanos y aseguren la estabilidad de los precios frente a las fluctuaciones del mercado.
El diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, fue el encargado de presentar la exposición de motivos del proyecto de hidrocarburos, señalando que la normativa vigente desde 2006 requiere una actualización ante la “transición energética acelerada” y la alta competitividad global.
La reforma introduce un cambio estructural mediante la formalización de los Contratos de Participación Productiva (CPP). Bajo este modelo, las empresas operadoras asumen la gestión integral de los proyectos a su propio riesgo y costo, lo que permite dinamizar la actividad operativa sin que el Estado deba incurrir en deudas o compromisos financieros directos.
Al parecer, Venezuela ya tenía un sistema de participación extranjera en los campos petrolíferos que, según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, permitió en 2025 alcanzar una producción de 1.2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares, según detalló recientemente
En cuanto a la expansión de la producción, el proyecto contempla incentivos específicos para los denominados campos no desarrollados (greenfields). Debido a que estos yacimientos requieren inversiones de capital masivas para iniciar su explotación, se propone una flexibilidad en el régimen fiscal y en el pago de regalías, buscando un equilibrio económico que resulte atractivo para los inversionistas internacionales y locales.
Asimismo, la propuesta legislativa pone un énfasis particular en fortalecer la seguridad jurídica dentro del sector energético. Para ello, se incorpora la posibilidad de acudir a mecanismos de mediación independientes para la resolución de conflictos, garantizando un entorno de inversión predecible y justo, siempre bajo el estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución nacional.
Finalmente, este nuevo instrumento busca consolidar una alianza estratégica entre el sector público y el privado. El objetivo central es lograr un incremento en la producción de crudo, entendiendo que el trabajo conjunto de ambos sectores es la vía más eficiente para modernizar la industria y asegurar que el petróleo continúe siendo el motor principal del desarrollo económico de la nación.
Soberanía y recuperación económica
Por su parte, el diputado Jesús Faría enfatizó que este cambio normativo responde a las prácticas exitosas ya evaluadas bajo la Ley Antibloqueo, orientadas a consolidar la independencia nacional y la recuperación de la industria principal del país.
Con la aprobación de la reforma en esta primera etapa, el proyecto avanzará ahora a la fase de consulta y segunda discusión para su sanción definitiva, con miras a fortalecer el petróleo como motor del desarrollo económico para el cierre del año 2026.
Frente a las amenazas de actores internacionales que han manifestado su intención de apropiarse del petróleo venezolano, el Gobierno ha ratificado que la riqueza energética le pertenece exclusivamente al pueblo.
La reforma legal actúa como un escudo ante el bloqueo, permitiendo que Venezuela mantenga su ciclo de 19 trimestres de crecimiento sostenido y un incremento del 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno de Venezuela “está para garantizar la felicidad de nuestro pueblo, y nosotros para cuidar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia”, reafirmó Delcy Rodríguez, durante una jornada de atención social desde la Base de Misiones Socialistas Hugo Salas, en la parroquia La Vega de Caracas, capital venezolana.
Si (
No(