En Europa, el laborista Starmer ya ha puesto en marcha medidas directas de mayor control de la emigración con expulsión de los ilegales y la puesta en marcha de un “carnet ciudadano” por puntos, algo muy parecido es lo que Núñez Feijóo ha planteado para España, con medidas claramente discriminatorias hacia la emigración, aunque haya sido legal pero que haya cometido algún acto delictivo. La tendencia afecta a todos los países de la Unión Europea, desde la Hungría de Orban a la Italia de Meloni.
Forman parte de la respuesta global ante la crisis económica que afecta a todos, con un estado del bienestar que necesita cada vez mayores inversiones ante un aumento de las esperanzas de vida, por un lado, y la baja natalidad de los naturales de cada país. La emigración se ve como necesaria e indispensable para cubrir servicios y profesiones que ya no quieren los ciudadanos, pero esa necesidad lleva aparejado el mayor gasto en servicios de todo tipo, fundamentalmente los de sanidad y vivienda.
La dirección del PP está convencida de que tanto la emigración como las noticias de fallos en las distintas capas de la Administración, ya sean las pulseras telemáticas para defender a las mujeres, como las averías y retrasos en las redes ferroviarias, junto a la necesidad de viviendas asequibles para los más jóvenes, deben ser la base de sus ofertas electorales. El objetivo pasa más por controlar y atacar la base de Vox que la del propio PSOE y demás representes de la izquierda.
Las citas con las urnas tienen fecha fija. En marzo será la primera y en junio la segunda, con la posibilidad real de que Feijóo decida aprovechar la debilidad de la izquierda que apoya a Sánchez, y las dudas dentro del nacionalismo catalán y vasco, para “jugar” a una moción de censura que no se base en los debates clásicos del Congreso, y que sean las propias urnas las que muestren el peso real de cada partido en la primavera de 2026, sin tener que esperar al año 2027. Tiene sus riesgos, sobre todo en la Comunidad valenciana con Mazón, que podría ser sustituido por otro candidato, pero con victorias en Aragón, Cantabria, Murcia, Galicia, Baleares, La Rioja y, sobre todo, en Madrid y Andalucía, podría mostrar la realidad política de España.
Para disminuir ese efecto, Pedro Sánchez y el PSOE, pueden adelantar las elecciones generales y unirlas a las autonómicas, dentro de una gran cita electoral que acabaría con las incertidumbres de gobernanza, justo cuando los datos económicos de España son mejores que los del resto de sus socios europeos. Se dejaría así, fuera de ese gran combate electoral, a los municipios, que tendrían que esperar a mediados de 2027 para mantener o cambiar a sus actuales alcaldes y corporaciones.