La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un fraude de €7 millones en proyectos de TI financiados por la UE en Rumania, realizando 19 registros relacionados con manipulación de procedimientos de contratación pública.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de 19 registros en Bucarest, Rumanía, como parte de una investigación sobre un presunto fraude en la adquisición de proyectos informáticos financiados por la Unión Europea. Este caso involucra un total de 7 millones de euros destinados a 29 proyectos bajo el marco del Fondo de Recuperación y Resiliencia y el Programa Operativo de Capacidad Administrativa.
Los proyectos investigados abarcan servicios de consultoría informática, software e infraestructura tecnológica. La EPPO ha encontrado indicios sólidos que sugieren que un grupo criminal orquestó la manipulación de los procedimientos públicos para favorecer a ciertos proveedores preseleccionados, principalmente aquellos que ofrecen soluciones de infraestructura en la nube para autoridades locales como ayuntamientos y consejos regionales.
Las evidencias recopiladas apuntan a que varias empresas consultoras presentaron documentación con similitudes significativas en contenido y estructura, lo que sugiere un uso sistemático de materiales. Además, se sospecha que algunos proveedores habrían entregado documentos falsos o incompletos durante las licitaciones.
La operación fue realizada con la colaboración del soporte operativo del EPPO en Rumanía, así como diversas unidades especializadas de la Policía Rumana. Esto incluye la Dirección de Operaciones Especiales y los Servicios de Investigación Criminal Económica en varias regiones del país. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude también proporcionó análisis operativos para respaldar esta investigación.
Todas las personas implicadas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales rumanos competentes. La EPPO es una entidad independiente encargada de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.