El último fin de semana de junio, Pedro Sánchez intentará demostrar, con la celebración del Comité Federal del PSOE, que controla el partido y que su decisión de resistir hasta el final de la legislatura, pese a los ataques políticos y las actuaciones judiciales sobre posibles corrupciones de los antiguos responsables de la organización, está apoyada por la gran mayoría de los cerca de trescientos miembros que integran el órgano de gobierno de los socialistas.
El presidente del partido ya ha hecho una primera intervención ante las Juventudes del PSOE en este último fin de semana, una llamada a resistir y un expreso deseo de mantenerse en el poder más allá de las elecciones generales de 2027. Sánchez necesita a sus espartanos para demostrar una unidad interna que realmente no existe, tanto por las dudas que produce la sucesión de escándalos e imputaciones —con la de Rodríguez Zapatero a la cabeza— como por el propio miedo que tienen los dirigentes territoriales y municipales a perder el poder que conservan, que no es mucho, pero que para ellos resulta imprescindible al jugarse su futuro.
Habrá críticas, se pedirán explicaciones y se buscará una respuesta ante la guerra política contra la oposición, que crecerá en intensidad en los próximos meses, y puede que alguno de los más fieles al Leónidas que había en La Moncloa se atreva a mencionar al Efialtes manchego, al que Sánchez ataca de forma directa sin nombrarlo. Emiliano García-Page será el “verso suelto” del cónclave socialista y, en esa soledad en la que vive, no ha dudado en aumentar su distancia con el presidente del Gobierno, consciente de que apoyar sin fisuras las actuaciones de los jueces, los fiscales, la Policía y la Guardia Civil con respecto a los sumarios y las actuaciones judiciales se considera poco menos que traición para la guardia pretoriana del secretario general.
Un Comité Federal duro y de carácter defensivo, convocado días antes del desastre electoral en Andalucía, en el que la presencia del expresidente Zapatero —si estaba prevista junto a la de María Jesús Montero— es muy difícil de mantener, ya que diez días antes habrá declarado ante el juez Calama y puede que el magistrado de la Audiencia Nacional le haya impuesto medidas cautelares. Sería una batalla contra las instituciones que Pedro Sánchez no puede afrontar.