Para entender el caso Pujol hay que retener una conexión clave: la larga relación de amistad de Jordi Pujol con el andorrano Òscar Ribas. Ambos eran banqueros, eran muy ricos y, a la vez, tenían pasión por la política. Son dos perfiles muy parecidos y paralelos que convergieron y marcaron una etapa de la historia de Cataluña y Andorra.
En la década de los años setenta, cuando se forja esta alianza, Jordi Pujol era el vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana y Òscar Ribas, el consejero delegado y después presidente de la Banca Reig. En 1980, Jordi Pujol es elegido presidente de la Generalidad y en 1982 Òscar Ribas fue designado jefe de Gobierno de Andorra, cargo que ostentaría en dos ocasiones (1982-84 y 1990-94), consiguiendo la promulgación de la primera Constitución andorrana (1993).
La caja «B» de la familia Pujol
Por lo tanto, es lógico que la Banca Reig fuera, durante muchos años, la «caja B» donde Jordi Pujol y su familia guardaban el dinero rapiñado en sus triquiñuelas. Es aquí donde fue a parar la supuesta «deja» que hizo Florenci Pujol, que murió en 1980, para proteger el bienestar de su hijo Jordi, en caso de que tuviera problemas derivados de su actividad política.
En el año 2001, Banca Reig se fusionó con el Banco Agrícola, creando la entidad Andbank. Óscar Ribas continuaba mandando en el banco, pero tenía que compartir la toma de decisiones con su socio, Manuel Cerqueda, que de joven había recibido formación sobre el negocio bancario en Banca Catalana. Es a partir de este momento que se empiezan a tensar las relaciones entre la familia Pujol -representada por Marta Ferrusola («la madre superiora») y el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola («el mosén»)– y la dirección de Andbank, debido a la alborotada operativa bancaria que realizaban.
¿Dónde está el resto de dinero?
La ruptura formal se produjo en el año 2010, cuando Marta Ferrusola y cinco de sus siete hijos cierran las cuentas en el Andbank y las traspasan a la Banca Privada de Andorra (BPA). Según el análisis exhaustivo realizado por la Fiscalía, los Pujol movieron a través del Andbank más de 70 millones de euros. Pero, en cambio, a la BPA, tras ser confiscada, solo les encontraron 3,4 millones. ¿Dónde está el resto de dinero?
Una respuesta podría ser que se hubiera «perdido» en el enjambre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales totalmente opacos (Belice, islas Vírgenes Británicas, las Seychelles, las islas Marshall…) que la compañía andorrana AFSI ponía a disposición de sus clientes. AFSI fue fundada por el exdirector general de Andbank, Jaume Sabater, y su mano derecha, Eduard Jordi Bober y funcionaba como una especie de «banco paralelo» de Andbank para eludir la creciente presión de las autoridades españolas sobre la actividad de los bancos andorranos.
El registro de José Grinda
Tanto Jaume Sabater como Eduard Jordi Bober estaban estrechamente vinculados a la antigua CiU. Su despacho en Escaldes-Engordany, en el complejo de Andbank, fue registrado en el año 2016, en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción del 3% de Convergència Democràtica (Operación Termyca). En un operativo dirigido por el fiscal anticorrupción José Grinda, la Guardia Civil se llevó hacia España un grueso de documentación de las dependencias de AFSI, pero nunca se ha sabido nada más.
¿Podría ser que el «tesoro» de la familia Pujol en el Andbank se hubiera camuflado y enviado a otras jurisdicciones a través de las estructuras societarias montadas por AFSI en paraísos offshore? En todo caso, las magistradas de la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional encargadas de dirigir el juicio contra la familia Pujol y sus colaboradores han dejado establecido que el objetivo de este procedimiento «está limitado a la posesión de los fondos en Andorra y el desconocimiento de su origen, lo que la Fiscalía ha vinculado a una posible actividad de corrupción».
La documentación del Andbank
Para aclarar este misterio, la Audiencia Nacional ha citado a declarar a Óscar Ribas y Manuel Cerqueda en el juicio contra la trama Pujol que comenzará el próximo 10 de noviembre. Ellos forman parte de la lista de 255 testigos que han sido convocados por las magistradas María Riera (presidenta), María Fernanda García (ponente) y Carolina Rius. Solo hay un problema: Óscar Ribas murió el 18 de diciembre de 2020.
El testimonio de Manuel Cerqueda, instado por la Fiscalía, tiene un interés especial. Primero, porque la causa judicial contra los Pujol está fundamentada a partir de la copiosa documentación bancaria que el Andbank facilitó a las autoridades españolas sobre los movimientos económicos que hicieron el matrimonio Pujol-Ferrusola y sus siete hijos. La prueba primordial del procedimiento contra este clan no es el dinero que se les encontró en la BPA, sino en el banco presidido Manuel Cerqueda.
El misterioso «pantallazo»
Segundo, para aclarar el origen del «pantallazo» que publicó el diario El Mundo el 7 de julio de 2014 y que provocó, días después, la confesión pública de Jordi Pujol sobre el dinero escondido en el extranjero y, de rebote, su imputación y la de toda su familia. El relato oficial ha intentado colgar esta filtración al exconsejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, que habría dado los datos al excomisario Marcelino Martín Blas, en sus reuniones en el hotel Villa Magna. Pero tanto uno como otro lo han desmentido con firmeza.
¿Y si la filtración hubiera salido del Andbank, ya que los datos publicados correspondían a las transferencias hechas en el año 2010 desde este banco a la BPA, una vez que los Pujol decidieron marcharse de la entidad presidida por Manuel Cerqueda? Esclarecer este enigma es importante, porque las consecuencias fueron catastróficas para la BPA, que, meses después -el 10 de marzo de 2015- fue brutalmente intervenida.
La “policía patriótica”
De los antecedentes y de las circunstancias de esta incautación bien seguro hablarán Higini Cierco, expresidente de la BPA, Joan Pau Miquel y Roser Castellón, exsecretaria de dirección del banco, que también han sido citados como testigos en el juicio. Los tres sufrieron en directo las extorsiones y amenazas de la “policía patriótica” del exministro Jorge Fernández Díaz, en el marco de la Operación Cataluña, para que facilitasen los datos bancarios de la familia Pujol.
Según la versión del excomisario José Manuel Villarejo, Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz decidieron aplicar la «solución final» contra la BPA y dejar de lado el Andbank, donde se sabía que estaba el «meollo». La razón es que en el Andbank, a través del testaferro Josep Cusí, también tenía dinero el rey Juan Carlos I.