El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se reunió con el relator especial de la ONU sobre vivienda, Koldo Casla, para discutir iniciativas y problemas relacionados con el acceso a una vivienda adecuada en España.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunió este martes con Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada. Este encuentro tuvo lugar en la sede del Ministerio y se centró en las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda.
Koldo Casla, un destacado investigador vasco en Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Essex, ha estado al frente de esta relatoría desde abril. Durante su intervención, subrayó la creciente dificultad para acceder a viviendas asequibles y la pobreza estructural vinculada a este tema. Según Casla, es fundamental que la vivienda sea considerada un recurso público esencial, al igual que la salud o la educación.
En respuesta a estas preocupaciones, Bustinduy destacó que el Gobierno está trabajando en un real decreto ambicioso que contempla varias medidas clave. Entre ellas se incluye una prórroga reforzada de los contratos de alquiler y una regulación más estricta sobre los alquileres turísticos y habitaciones. Además, se prevé un incremento del IVA para pisos turísticos con el fin de frenar la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos.
Desde su área, el Ministerio de Consumo ha tomado acciones significativas para abordar las irregularidades en el sector inmobiliario. Recientemente, impuso una multa de 64 millones de euros a Airbnb por publicitar propiedades sin licencia y por prácticas engañosas. Adicionalmente, logró que Airbnb eliminara 65.000 anuncios ilegales de su plataforma, sumándose a los 4.093 anuncios ya retirados por Booking a solicitud del Ministerio.
Asimismo, en abril pasado, el Ministerio sancionó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por abusos hacia inquilinos y abrió otro expediente contra una inmobiliaria por infracciones similares. Estas medidas son parte del esfuerzo continuo por proteger los derechos de los consumidores dentro del mercado inmobiliario.
El Ministerio también ha establecido un convenio de colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC para compartir herramientas y procedimientos relacionados con el análisis del mercado inmobiliario. Esta colaboración busca fortalecer el entendimiento sobre las dinámicas comerciales en la intermediación del alquiler y compra de viviendas.
Con estas iniciativas, el Ministerio refuerza su compromiso por dotar a las instituciones públicas con mejores capacidades analíticas y herramientas que favorezcan una mayor transparencia y protección del interés general en el ámbito habitacional.