En apenas 24 horas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pasado de los mítines del PSOE en Andalucía para apoyar la candidatura de María Jesús Montero a verse como imputado por el Juzgado 4 de la Audiencia Nacional, ante cuyo titular, el magistrado José Luis Calama, tendrá que declarar el próximo 2 de junio.
En el fondo aparecen los 53 millones concedidos a la aerolínea Plus Ultra como rescate durante la pandemia y la duda de si una parte de estos fue destinada a otros usos dentro de una presunta red de blanqueo de capitales. Es el primer jefe de Gobierno desde que se inició la democracia que aparece como investigado por corrupción. Otro clavo que la derecha española, en su conjunto, quiere colocar en el ataúd de Pedro Sánchez.
Registros de despachos, desde el propio de Zapatero al de la empresa de sus hijas, y los del empresario Julio Martínez, una de las figuras clave del caso junto al presidente de la compañía de aviación, Martínez Sola, que pudo utilizar los 53 millones para devolver posibles préstamos a otras tantas sociedades, entre ellas Análisis Relevante, una sociedad de consultoría. En las informaciones que ya circulaban desde hace meses por los ámbitos judiciales y periodísticos, el expresidente habría recibido, por el concepto de asesoramiento en los últimos años, hasta cuatrocientos mil euros.
El carácter de investigado que aplica el juez es una forma de preservar los derechos legales de ZP y habrá que esperar al 2 de junio, tras su declaración, para ver la evolución del caso: si se descartan sus posibles responsabilidades, si se le mantiene como imputado con o sin medidas cautelares e, incluso, si se le exige una fianza y la entrega del pasaporte.
El procedimiento judicial, que se inició a partir de una querella de Manos Limpias, sea cual sea su evolución, tendrá consecuencias políticas de enorme gravedad tanto en el Gobierno como en el PSOE, sin olvidar a ejecutivos empresariales que, con toda probabilidad, serán llamados a declarar como investigados o como testigos dentro de las operativas de los últimos años.
Tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales son acusaciones muy serias que, por primera vez, afectan de forma directa a un expresidente del Gobierno que estuvo siete años en el Palacio de La Moncloa. La presencia internacional de ZP, desde América del Sur a China, con relaciones de primer nivel, en un papel de consultor y asesor, le ha convertido en objeto preferido para los ataques de sus adversarios, tanto en el contexto de las batallas globales como de los desarrollos tecnológicos que ya inundan el siglo XXI.
Era de esperar que desde la oposición pidieran responsabilidades directas al actual presidente del Ejecutivo, dada su cercanía con su antecesor, de la misma forma que era de esperar la reacción del presidente de Castilla-La Mancha, que ya pidió el lunes que el PSOE y su secretario general no volviesen la cara para no ver la caída de votos y escaños del partido en las cuatro elecciones autonómicas que se han celebrado, con un claro retroceso de apoyos sociales y con el peligro de que esa corriente, en apariencia incontenible, acabe por afectar al resto de autonomías y a los principales ayuntamientos del país.
A la batalla de las urnas le sigue la batalla en los juzgados. Sea cual sea el paso siguiente que afecte a Rodríguez Zapatero, la situación se extenderá hasta las elecciones generales o hasta una posible dimisión de Pedro Sánchez. Sin perdón, sin descanso, una suma y sigue ante unos millones de ciudadanos que apenas tienen tiempo de recobrarse de los “sustos” que les dan los responsables públicos, prácticamente desde hace ocho años, y que crecieron de forma imparable desde las elecciones y posteriores pactos del año 2023.
De aquellos barros llegan estos lodos y siempre con la presencia testimonial de un “invitado judicial” de lujo: Víctor de Aldama, el auténtico personaje estrella de la vida político-judicial en España.