Ya antes del detonante de la crisis que comportó la quiebra de Lehman Brothers, a finales de 2008, resultaba evidente que había que sentar las bases para crear en el futuro un entorno más favorable y para impulsar nuevas iniciativas que permitieran la transformación de nuestro modelo productivo, basado hasta entonces en una fuerte demanda interna muy centrada en la inversión en construcción residencial por parte de empresas y familias, con niveles crecientes de endeudamiento de unas y otras.
A ello trataron de dar respuesta en su día reformas de muy amplio calado como, por ejemplo, la Ley del Suelo, aprobada en mayo de 2007, que intentaba corregir una regulación que venía del año 1998 y que era extraordinariamente dañina al considerar urbanizable todo el suelo sobre el que no se dictara expresamente lo contrario. Esa Ley, de la que se ha hablado poco, pero que constituye, sin duda, un hito dentro de las iniciativas económicas llevadas a cabo por gobiernos socialistas, perseguía precisamente poner coto a esta especie de “barra libre” de efectos muy negativos y trasluce el decidido propósito de atajar un peligroso ciclo especulativo e impulsar, en la promoción inmobiliaria, un ciclo más sostenible de crecimiento de la actividad. Pero es en estos dos últimos años –los más duros de la crisis económica- cuando, haciendo de la necesidad virtud, desde el gobierno se intensifica el ritmo de adopción de las reformas estructurales, a raíz de la aprobación en 2009, de la Estrategia para una Economía Sostenible, cuya pieza central es la Ley del mismo nombre, y que comprende un sistema coherente de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas, así como la promoción de reformas en ámbitos específicos, el laboral y el del sistema público de pensiones, entre ellos.
Trayectoria durante 2011
A la altura de mayo de este año, 2011, la situación de las reforma puede calificarse ya de muy avanzada. Y todas y cada una de las iniciativas en marcha en el ámbito laboral responden a un objetivo estratégico: recuperar la senda de la creación de empleo y lograr, al mismo tiempo, que éste sea de mayor calidad y más productivo. Sin olvidar un elemento esencial, el diálogo social y la concertación, que en el ámbito del empleo y de las relaciones laborales aporta un valor añadido muy elevado, y una mayor eficacia, a cualquier reforma que se emprenda, haciéndola más eficiente. Reformas tan importantes como la de las pensiones, la de las políticas activas de empleo, el plan de choque para combatir el desempleo de los jóvenes y de las personas en paro de larga duración, han contado con un instrumento de consenso muy importante: el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (ASE), firmado por el gobierno y los interlocutores sociales el 2 de febrero de 2011, el Pacto Social más importante de los últimos treinta años y al que quiero hacer una mención especial por su gran valor como generador de confianza; como señal de los interlocutores sociales a los ciudadanos –y a los mercados, sin duda, también- de su confianza en nuestro país y en su capacidad para salir adelante. Apostamos por el acuerdo y sentimos un orgullo especial por haber restablecido el diálogo social, pero eso no significa que renunciemos a actuar cuando es preciso, como muestra la aprobación de la Reforma Laboral de junio de 2010 que responde a la necesidad de abordar desequilibrios en el mercado de trabajo, un paso necesario para recuperar la senda de la creación de empleo y conseguir que el empleo que se cree sea de mayor calidad y más productivo. Porque algunos rasgos del empleo creado en la etapa anterior actuaron como factores coadyuvantes en un mayor impacto de la crisis sobre el empleo en España. Estos rasgos, que son bien conocidos ya se habían tratado de solucionar en etapas anteriores sin gran éxito: una elevada temporalidad; un escaso desarrollo de la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a los despidos en situaciones de dificultades; y un elevado peso de ocupaciones de escasa formación y con reducida adaptabilidad a los cambios productivos. Aún es pronto para ver los resultados de esta reforma en toda su extensión, pero cada vez llegan más datos positivos sobre sus efectos en el mercado de trabajo. Hay más contratos indefinidos de fomento del empleo, más contratos formativos, y hay más trabajadores en expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada que en expedientes de regulación que implican despido. Y ello indica que han cobrando relevancia las medidas de ajuste de empleo basadas en la flexibilidad interna de las empresas y, con ello, se han perdido menos empleos. Otra importante reforma emprendida es la de las políticas activas de empleo. Con ella queremos conformar un mercado de trabajo más eficiente e inclusivo y atender mejor a las personas desempleadas. Esta reforma incluye un importante Plan de Choque para fomentar la contratación de los jóvenes y las personas en desempleo de larga duración, dos de los colectivos más afectados por la crisis.
Obejtivos
Los objetivos son: incrementar las posibilidades de encontrar un empleo de las personas que han perdido su puesto de trabajo, intensificando las acciones de orientación y, especialmente, las de formación y de recualificación; mantener un buen nivel de protección de la población desempleada, combinando la formación con los distintos soportes de rentas; y animar, mediante una bonificación de ciertos contratos a tiempo parcial, las decisiones de contratación de las empresas. Otra de las importantes reformas emprendidas, mediante el diálogo social, es la de nuestro sistema público de pensiones, una reforma imprescindible que se asienta en dos ejes fundamentales: edad de jubilación y fortalecimiento del principio de contributividad y con la que pretendemos hacer frente a un difícil reto: el fuerte envejecimiento de la población en las próximas décadas, un fenómeno al que es particularmente sensible un sistema de reparto como el nuestro basado en el compromiso entre generaciones. La reforma establece, además, un factor de sostenibilidad del sistema en función de la esperanza de vida, que es una garantía, a largo plazo, de su definitiva e indiscutible consolidación. En este camino de reformas desde el consenso forma parte también la del Reglamento de Extranjería, aprobada en abril de este año, que viene a desarrollar la Ley de Extranjería, reformada en 2009. Es ésta una pieza importante de la política de inmigración del Gobierno que consolida un modelo de inmigración regular, ordenado y vinculado al mercado de trabajo. Todas estas actuaciones tienen un espíritu europeísta. En toda Europa se están adoptando políticas similares para el largo plazo. Tenemos problemas comunes y adoptamos políticas comunes, con actuaciones y estrategias coordinadas. Pero, ¿por qué más Europa? ¿Por qué no menos y evitar pactos, acuerdos, que obligan, que limitan nuestra capacidad de actuación? La respuesta se encuentra en las grandes tendencias que se pueden anticipar para el futuro y que derivan de fenómenos como la globalización de la economía, la cuestión demográfica y el calentamiento terrestre. Las principales proyecciones señalan algunas tendencias muy claras. En 2025, la población de la UE sólo representará el 6,5 por ciento del total mundial. Ningún país europeo, de manera individual, tendrá un tamaño apreciable en ese total: ninguno estará entre los principales países por población, ninguno tendrá, por sí solo, un peso elevado en el PIB mundial. Pero sí tendrá peso la suma: la UE concentraría algo más del 20 % del total mundial. Y se llega a resultados muy similares cuando se atiende al volumen de exportaciones en el total mundial a largo plazo, o cuando se atiende a la inversión y a la radicación de la I+D y de la población más cualificada. Por eso es crucial sumar. Trabajar para contar con una Europa más unida es trabajar para contar con un actor global en todos estos procesos, sobre los que hay que intervenir a gran escala para ser capaz de revertir las peores tendencias. Toda Europa necesitará población y población cualificada. Por eso es necesaria una visión conjunta, coordinada, de la innovación, la formación, la gestión migratoria, de la población y el crecimiento económico. (*) Valeriano Gómez es ministro de Trabajo e Inmigración