La financiación inicial para abordar el desarrollo estaría asegurada por las transferencias desde la Unión Europea. Una parte de los 72.000 millones que deben llegar a España se van a destinar, en palabras del ministro, a construir 22.000 viviendas sociales en todo el territorio nacional, a través de acuerdos entre el gobierno central, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos implicados. Una lluvia de millones que todas las partes, al margen del color político de las mismas, consideran fundamental para sus administraciones.
Lo que firmaron en 2005 José Bono, como ministro de Defensa; María Antonia Trujillo, como ministra de Vivienda; y Alberto Ruiz-Gallardón, como alcalde Madrid, era mucho más ambicioso que lo planteado por sus sucesores. De las 22.000 viviendas que se contemplaban en aquel acuerdo se ha pasado a las 11.000 de éste, si bien faltan aún por definir las características de las siete mil que serán de carácter social y las otras cuatro mil de desarrollo privado.
Cuatro ministros socialistas y dos ministros populares, junto a otros tantos responsables de la Vivienda a nivel nacional lo tuvieron sobre la mesa, vieron las posibilidades de desarrollo de toda la zona este de la capital, pegada a la carretera de Extremadura, y sufrieron las presiones del sector de la construcción e inmobiliario. Muchos miles de millones en actuaciones que creaban miles de puestos de trabajo y llevaban hasta el sistema financiero un flujo de operaciones que estaba y está necesitando.
En esos quince años y a diferencia de lo ocurrido con los Ministerios involucrados, el gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid ha estado en manos del Partido Popular, salvo la Legislatura de Manuela Carmena en la gestión municipal entre el 2015 y el 2019. También se intentó pero al igual que había pasado con José Blanco, Beatriz Corredor, Ana Pastor y Pedro Morenés las diferencias políticas se convirtieron en insuperables.
La “Operación Campamento” habría sido una de las grandes palancas en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la Capital para salir de la crisis financiera de 2008, pero todo lo relacionado con la construcción parecía pecado, cuando en realidad el “ladrillo” era la excusa para millones de operaciones especulativas con productos financieros, no sólo en España, en todo el mundo con Estados Unidos a la cabeza.
Sobre las cabezas de Bono y Ruiz-Gallardón siempre sobrevoló Esperanza Aguirre en su condición de presidenta de la Comunidad, que también era parte esencial en la aprobación de cualquier tipo de desarrollo urbanístico y más cuando se trataba de cambiar un espacio de titularidad pública como eran los antiguos cuarteles del Ejército y las antiguas viviendas militares.
Hoy y tras las mutuas felicitaciones entre el ministro Abalos y el alcalde Almeida tendrán que ser dos mujeres las que terminen por decir si o no a esa Operación. Margarita Robles, desde Defensa, e Isabel Diaz Ayuso desde la presidencia de la Comunidad. Los dos primeros se han apresurado a presentar el acuerdo y sus posible beneficios económicos, sociales y financieros. Podían haber hablado, negociado y cerrado con sus compañeras de partido y de gobierno. Las prisas son malas cuando se buscan los titulares.
Si (
No(