El pasado febrero, la Mesa de la Cámara Baja encomendó a la Comisión del Estatuto del Diputado --encargada de velar por las declaraciones de bienes y actividades de sus señorías-- que redactase este año un código de conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses que no forme parte del propio Reglamento del Congreso pero que sea de conocimiento público. Otros parlamentos, como el Europeo, ya cuentan con normas de este tipo.
De esta forma, el órgano de gobierno de la Cámara pretendía dar respuesta al informe del GRECO, dependiente del Consejo de Europa, que señalaba que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que sus progresos son "limitados".
En ese informe, el GRECO daba de plazo este año para informar de nuevas acciones contra la corrupción en el Poder Legislativo y el Judicial, por lo que la Mesa encargó esa tarea a principios de año a la Comisión del Estatuto del Diputado, en ese momento presidida por el 'popular' Leopoldo Barreda. Desde este mes está al frente el exministro de Energía Álvaro Nadal.
TODO PARADO DESDE FEBRERO
Sin embargo, los grupos no avanzaron en sus trabajos, por lo que justo antes del receso estival la presidenta del Congreso les comunicó que asumiría las riendas de esa labor encargando a los servicios jurídicos de la Cámara un borrador del Código Ético sobre el que las distintas fuerzas parlamentarias pudieran trabajar con el fin de agilizar este proceso.
Precisamente Pastor convocó a los portavoces parlamentarios a una comida de trabajo el pasado miércoles en la que les recordó que de este asunto ya se estaba encargando la Mesa del Congreso y les confirmó que ya se les haría llegar un texto con los puntos en los que el GRECO ha puesto el acento, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
El informe GRECO, aunque destaca que todos los diputados y senadores están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, también ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.
A este respecto, la Mesa del Congreso encargó también en su día a la Comisión del Estatuto del Diputado que estudie la aplicación o no de esas propuestas con mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas y compensaciones.
El PP fue el único partido que hizo pública una de las propuestas que tenía previsto verse en la Comisión del Estatuto del Diputado. En concreto, planteaba que el Congreso pudiera sancionar a los diputados que mientan en sus currículo, una iniciativa que llegó en plena polémica por el máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.
Por aquel entonces, el que fuera portavoz parlamentaria, Rafael Hernando, censuró que el PSOE estuviera bloqueando en la mencionada comisión todas las mejoras que en ésta y otras cuestiones ha el PP estaba poniendo encima de la mesa.
INCOMPATIBILIDADES Y DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Desde el inicio de la legislatura, los socialistas vienen defendiendo que los diputados deben tener "dedicación exclusiva" y que sólo deben permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias.
La interpretación rigurosa de las incompatibilidades que defiende el PSOE ha provocado su rechazo a los informes sobre las compatibilidades de los diputados que la Comisión del Estatuto del Diputado ha elevado al Pleno del Congreso para autorizar las actividades privadas de sus señorías.
El PSOE cree que, sin necesidad de cambiar el Reglamento del Congreso, se debería posibilitar que los diputados que quieren la compatibilidad comparezcan ante la Comisión del Estatuto del Diputado para defender su actividad, y que el órgano pueda hacer un seguimiento, pero estas medidas no encontraron receptividad en el resto de grupos.
Pese a que se decidió que se estudiaría este asunto de una forma más amplia, el PSOE no se ha movido de su posición y, por tanto, no se han dado para tratar de buscar una solución intermedia. Precisamente este miércoles, en la reunión de Pastor y los portavoces, la nueva voz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, emplazó a su homóloga del PSOE, Adriana Lastra, a ser más flexible en sus posturas para poder alcanzar un acuerdo de mínimos.
LOS 'LOBBIES'
Otra de las medidas en las que hacía hincapié el GRECO es la regulación de los 'lobbies', un asunto sobre el que la presidenta del Congreso pidió a los grupos que impulsaran la proposición de ley presentada por el PP para crear un registro público de estos grupos de interés.
En su día, la Mesa de la Cámara mostró su deseo de que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para tratar la "huella legislativa" de las leyes y así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestión de una ley.
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