Turull y las cinco caras ocultas de Cataluña

Si Puigdemont no puede volver a la presidencia de la Generalitat por elegir entre el “exilio” y la cárcel pese a tener los votos que podían llevarle de nuevo al sillón heredado de Pujol y Más; y Jordi Sánchez se dispone a sumarse a sus compañeros de escapada independentista que han renunciado a la política para volver a sus quehaceres profesionales; el camino para que Jordi Turull alcance el poder parece la mejor de las soluciones posibles a corto plazo.

El militante de la antigua Convergencia, martillo parlamentario de la oposición, habil con la palabra y duro con los objetivos que se ha marcado el PdeCat, era desde hace semanas la mejor y tal vez única opción que tenían los independentistas para que el 155 desaparezca de la vida política catalana, para que se pueda formar un gobierno desde el Parlament merced a un pacto tripartito que acepten tanto Esquerra como la CUP, y para que sus compañeros encarcelados comiencen a vislumbrar la salida con fianzas de la prisión de Estremera. Incluso para que aquellos que eligieron la escapada a Bruselas o Ginebra empiecen a “gestionar” su complicado regreso.

Si así sucede en estos dias de Semana Santa, lo que aflorará - por fín - en Cataluña son las cinco caras que la crisis institucional y el enfrentamiento con el Estado mantienen ocultas. Y que tienen mucho que ver con los orígenes sociales y económicos de los protagonistas, los que que buscaban y van a seguir buscando la independencia y los que se oponen a ella pero quieren una nueva negociación que modifique el actual Estatut.

En Cataluña, al igual que ocurre en el resto de España, existen las ideologías y las herencias que con ese caracter vienen desde hace más de un siglo. Existen la derecha, la izquierda y el centro; existen republicanos y monárquicos, Existen liberales, socialdemócratas, marxistas y anarquistas. Allí tienen representación parlamentaria a traves de las distintas formaciones todas esas tendencias. Y a la hora de dibujar la Cataluña del futuro están en completo desacuerdo.

Si establecemos una “tabla programática” de los partidos y formaciones que acuden a las urnas pondremos a los seguidores de Puigdemont y Turull ( antes Pujol, Duran Lleida y Mas ) en la parte más conservadora de la misma, muy cerca de lo que en términos económicos y financieros pueden representar el Partido Popular y Ciudadanos. Hacia el centro aparecerán la Esquerra de Carod Rovira y el PSC de Iceta, con posiciones parecidas en términos idológicos y diferenciados - y no mucho - en el camino hacia una posible independencia o un nuevo “contrato federal” dentro del “estado español”. Los dos son republicanos y confían más en el papel del estado en la organización económica que en la iniciativa privada. Por supuesto que tienen en el PSOE de Sánchez y antes en el de Zapatero al mejor de sus compañeros de viaje.

La CUP de Carles Riera y Anna Gabriel son la parte más radical de todo ese universo. Defienden la República, la independencia y una economía socialista que se mueve entre los dos únicos ejemplos “viables” que tienen a su alcance más allá de las experiencias latinoamericanas: los de la Rusia heredera de la Revolución y la URSS y la China que va de Mao a Xi Jiping. Nada que ver con el resto, ni siquiera con sus “vecinos” de En Común y Podemos que han “evolucionado” desde el socialismo real del siglo XX al socialismo liberal que se está dibujando para el XXI, un híbrido entre el marxismo original y el papel del estado en la economía, y la economía de mercado y las nuevas tecnologías dentro de la globalización.

La “solución Turull” además - y explicaría la posición del fiscal general en torno a Forn y su salida de la cárcel bajo fianza - abriría la puerta a la ansiada aprobación de los Persupuestos Generales con el apoyo del PNV. Rajoy, Santamaría y Montoro están jugando al ajedrez político en varios tableros y con distintos calendarios. El más urgente es el del dinero. Aprobados los PGE podrá asumir la subida indirecta de una parte de las pensiones a través de la fiscalidad, podrá asumir la subida de los funcionarios, la negociaión presupuestaria con Comunidades y Ayuntamientos. Y sobre todo cumplir con Bruselas el déficit público y “quitarse” la tutela que todavía se ejerce sobre España.