La historia más reciente comenzó a las siete de la tarde del 12 de junio de 2019 cuando el presidente del tribunal que juzgaba a los doce acusados del Process cerraba 52 días de juicio con tres palabras: “visto para sentencia”. Los hechos que habían llevado a los doce políticos catalanes ante sus siete jueces se habían producido dos años antes. Nueve estaban en prisión provisional, tres en libertad condicional. Y seis más estaban y siguen huídos.
Seis hombres y una mujer, tres magistrados con fama de progresistas y otros tres de conservadores. Uno en medio de las dos tendencias que habitan en el Tribunal Supremo. Sentencia por unanimidad que será recurrida ante el Tribunal Constitucional y posteriormente ante el Tribunal europeo de Estrasburgo. Pasos anunciados y que los abogados de los condenados van a seguir.
Hubo sedición y no rebelión. En esas dos palabras estaba la clave de las sentencias. La segunda implicaba violencia organizada y de haber prosperado la petición de la Fiscalía las penas habrían estado mucho más cerca de los doscientos años que de los apenas cien en los que se han quedado. Habrá respuesta en las calles pero de menor intensidad si aceptamos las interpretaciones de dirigentes políticos y económicos catalanes. Y habrá utilización electoral por parte de los partidos y sus dirigentes.
La movilización de las fuerzas de seguridad en Cataluña, desde la Guardia Civil a la Policia Nacional y los Mossos, junto a las últimas detenciones, tendrán una influencia disuasoria frente a la minoria más radical. La mayoría de los ciudadanos que viven en las cuatro provincias tienen ganas de pasar página, de afrontar los problemas reales y cotidianos del paro, la educación, la sanidad, la vivienda, las pensiones, que son los temas que conforman el futuro de todos.
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