Montoro atrapado en la `amnistía fiscal´: El PSOE forzará su reprobación
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Montoro atrapado en la `amnistía fiscal´: El PSOE forzará su reprobación

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El PP admite que erró "en la forma" de la "amnistía fiscal" y deja en manos del ministro de Hacienda medir el `alcance´de la sentencia del TC, que ha declarado "inconstitucional" la medida
El PSOE forzará la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el último Pleno del Congreso del presente mes de junio después de que el Tribunal Constitucional declarara nula este jueves la regularización extraordinaria de capitales de 2012, conocida como 'amnistía fiscal'.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa en Valencia el portavoz parlamentario de los socialistas, José Luis Ábalos, quien ha apuntado que el PSOE interpelará a Montoro en el Pleno del próximo 21 de junio a propósito de la decisión del Alto Tribunal, lo que propiciará el debate y votación de la subsiguiente moción en el Pleno del día 27.
De forma paralela, el PSOE ha registrado una proposición no de ley en la que piden reprobar a Montoro "por haber beneficiado a los defraudadores" y vulnerar con la regularización "principios constitucionales, mientras se incrementaba de forma notable la carga impositiva de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales".
En la iniciativa, que ha recogido Europa Press, los socialistas acusan a Montoro de "actuar en contra de los principios de capacidad económica y justicia del sistema tributario y de su deber de promover la conciencia fiscal entre los españoles".
En caso de aprobarse, la de Montoro sería la segunda reprobación a un ministro del Gobierno de Mariano Rajoy que sale adelante después de que hace menos de un mes el Pleno de la Cámara hiciera lo propio con el titular de Justicia, Rafael Catalá, por supuestas injerencias en la acción de los fiscales durante la instrucción del 'caso Lezo'.

EL PP ADMITE QUE ERRO

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha asumido Que el Gobierno de Mariano Rajoy se equivocó al aprobar la 'amnistía fiscal', pero ha recalcado que, aunque fue "un error en la forma", no lo fue "en el fondo". Respecto al futuro del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya dimisión ya ha pedido la oposición, ha dicho que debe ser él quien "determine el alcance" que debe tener la sentencia.

Así lo ha señalado Hernando en un desayuno-coloquio organizado por 'Vanity Fair' en el que ha insistido en que aquella regularización ahora anulada por el TC se hizo "a la desesperada" porque el país estaba al borde del rescate. "Fue una medida de emergencia", ha remachado, recalcando, además que tuvo beneficios para las arcas públicas.

Preguntado sobre en qué lugar queda Montoro tras esta desautorización del Alto Tribunal, Hernando ha recordado que el ministro va a acudir al Congreso a dar explicaciones, como le han reclamado desde la oposición y que será él quien tenga que determinar "el alcance que debe tener esa decisión del Constitucional". Eso sí, ha señalado que, desde su punto de vista, debe seguir como ministro.

DECLARADA INCONSTITUCIONAL

El Pleno Tribunal Constitucional (TC) ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.

El Tribunal declara nula la citada disposición por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten "de forma relevante o sustancial" a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del "deber constitucional de 'todos' de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" (artículo 31.1 de la Constitución).

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